A mediados de agosto, la asociación de investigación periodística Quinto Elemento Lab publicó que tres altos exejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht aseguraron que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, había recibido sobornos por al menos 10 millones de dólares a cambio de que, una vez que fuera funcionario público, les diera su apoyo para obtener contratos públicos. De acuerdo con el reportaje, Lozoya habría solicitado y recibido 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012. Los directivos brasileños anticiparon que el miembro de la campaña del Enrique Peña Nieto tendría un papel clave en su gobierno y cuando este llegó a Pemex recibió otros seis millones de dólares a cambio de contratos. Después de que estallara el escándalo, el militante priista fue citado por la Procuraduría General de la República, instancia ante la cual se reservó su derecho a declarar. Eso sí, le echó una buena ojeada al expediente armado en su contra.
Este lunes 18 de septiembre, el periódico Reforma publicó en su portada que la PGR tiene en la mira a Lozoya Austin. La procuraduría solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los movimientos financieros del exdirector de Pemex en el periodo comprendido entre 2012 y 2016. La información solicitada incluye estados de cuenta, retiros y depósitos de las cuentas de ahorro, inversión y cheques; transacciones en el extranjero donde sea titular, cotitular, beneficiario, representante legal, firmante, fideicomisario o fideicomitente, firmante o representante legal; documentos de cajas de seguridad y bursátiles que puedan acreditar la compra de acciones o valores.
De acuerdo con la información que publica el diario, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a pedido expreso del órgano encabezado por Raúl Cervantes Andrade, abrió una investigación de evolución patrimonial desde que entró al servicio público. La PGR también requirió al Instituto Nacional de Migración para que le informara si Lozoya Austin viajó a Brasil durante su gestión como titular de la petrolera. El exfuncionario es indagado por cohecho y enriquecimiento ilícito, después de que Araceli Cortés, apoderada de Pemex Transformación Industrial, presentara una denuncia en su contra el pasado 27 de enero. La procuraduría solicitó la información financiera de Lozoya más de siete meses después y no ha solicitado que se congelen sus cuentas bancarias.