Este miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó los resultados de la investigación por violaciones graves a los derechos humanos en el Caso Iguala, así como su recomendación (15VG/2018) al gobierno federal en este sentido.

Y sí, en este caso hubo violaciones por parte de las autoridades en contra de las víctimas y la sociedad al derecho a la verdad, así como al derecho a la vida de los normalistas, al acceso a la justicia, a la reparación del daño, a la salud, etc.


El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, informó que debido al poco profesionalismo y al desaseo de quienes llevaron a cabo las investigaciones se subestimaron 38 porciones petrosas, además de que ignoró el material que se encontró en una bolsa dentro del río “San Juan”, mismo que tendría que ser sometido a pruebas de ADN.

Y justamente esas pruebas demuestran que al menos los cuerpos de 19 personas fueron incinerados en el basurero de Cocula, sin embargo, el análisis genético de estos fragmentos óseos resulta indispensable para determinar si se trata de alguno de los 43 estudiantes desaparecidos.


Sin embargo, en las investigaciones se encontró también que al menos desde 2013 había información que vinculaba al exalcalde de Iguala, José Luis abarca, con grupos de narcotraficantes, ya sea de manera directa o por medio de familiares de su esposa.

Se concluyó que la noche del 26 de septiembre de 2014, los normalistas de Ayotzinapa realmente no sabían de la realización de cualquier evento en el zócalo de Iguala, situación que contradice la versión de la PGR de que los estudiantes habían acudido a boicotear el evento de la presidenta del DIF para después tomar autobuses.


Con todo lo anterior, el titular de la CNDH concluyó que un crimen de esa magnitud sólo pudo haber ocurrido por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno.

Es por ello que la recomendación de reparación del daño se dirige a la presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de Guerrero, el ayuntamiento de Iguala, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Función Pública, el Secretario de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al gobierno de Guerrero y al ayuntamiento de Colula.

En este sentido, la petición al presidente es que de instrucciones a las dependencias federales para que cumplan con las recomendaciones, así como la garantía de que no volverá a suceder algo similar y que el caso sea un asunto altamente prioritario con el cambio de gobierno.

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