La CIDH lamenta que el Gobierno de México haga caso omiso de sus recomendaciones Noticias

¿Qué falta para que la Ley de Seguridad Interior sea una realidad?

Con un diálogo simulado con la sociedad, sin considerar los argumentos en contra que ofrecieron legisladores de oposición, organismos internacionales y nacionales, académicos, especialistas y colectivos civiles, el pasado viernes 15 de diciembre los diputados y senadores (en su mayoría priistas) aprobaron en lo general y lo particular la controvertida Ley de Seguridad Interior y la turnaron al presidente Enrique Peña Nieto para su promulgación. Todos los recursos que se podían llevar a cabo para alargar el debate sobre la así llamada #LeyGolpista se agotaron o de plano se pasaron por alto. En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que estudiaba una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) y llamó al presidente Enrique Peña Nieto a “formular observaciones” al proyecto en vez de promulgarlo.

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En el mismo talante, la organización no gubernamental Amnistía Internacional hizo un llamado al presidente Peña Nieto para vetar la Ley de Seguridad Interior debido a que este proyecto “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”. Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, consideró que bajo el “vago e indeterminado” concepto de “seguridad interior”, la ley esconde “un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías”. La organización pidió que los candidatos presidenciales se manifiesten y le pidan a EPN vetar dicha ley.

Enrique Peña Nieto, presidente de México

Foto: Notimex

El precandidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, declaró el pasado viernes 15 de diciembre lo siguiente: “En términos generales a las Fuerza Armadas, que nos han dado por mucho tiempo seguridad, es muy importante que también les demos seguridad (…) eso da certeza al ciudadano, certeza a las Fuerzas Armadas y nos da un marco más moderno que se puede perfeccionar, que se puede modificar, que se puede revisar, pero que nos da un buen punto de partida”. Andrés Manuel López Obrador, de Morena, afirmó que no hay que temer a la #LeyGolpista porque, pues, cuando él sea presidente no utilizará al Ejército para reprimir al pueblo. El panista Ricardo Anaya Cortés se ha posicionado en contra de la iniciativa, aunque los legisladores de su partido fueron quienes ayudaron a dar la estocada final.

Senadores aprobarían este martes la Ley de Seguridad Interior

Foto: Getty Images

¿Y ahora qué nos queda?

Como lo leen, la última posibilidad queda en manos del Poder Ejecutivo. El pasado 8 de diciembre, EPN solicitó a los integrantes del Senado de la República a ampliar los espacios de diálogo y acercamiento con organizaciones de la sociedad civil para “escuchar todas las voces” y “enriquecer” el debate sobre la Ley de Seguridad Interior, misma que unos días antes había calificado como una “imperiosa necesidad“. El acercamiento fue una simulación. La ley pasó porque pasó en la Cámara de Diputados y también en la de Senadores. Artículo 19, organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información y el colectivo #SeguridadSinGuerra han exhortado a la ciudadanía a escribirle al presidente Peña Nieto (a su correo electrónico y sus cuentas personales de Twitter y Facebook) solicitando el veto a la #LeyGolpista.

Este lunes 18 de diciembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reiteró su desaprobación a la Ley de Seguridad Interior por poner en riesgo los derechos humanos, además de “consolidar un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados” y ha causado un gran sufrimiento a las personas en nuestro país. “El Poder Ejecutivo aún tiene la posibilidad de materializar su propio llamado y evitar la entrada en vigor de la ley. Para ello, el presidente puede atender el respetuoso exhorto formulado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros actores y realizar observaciones al proyecto de ley”.

En otro de sus puntos, Naciones Unidas indica que en caso que la Ley de Seguridad Interior fuera promulgada, los actores legitimados deben interponer “acciones de control de la constitucionalidad” ante la SCJN para que la ley sea sometida a revisión judicial “a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano”.

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