La detención del abogado Juan Collado terminó armando el desastre en la vida pública mexicana. La cosa es que, mientras el litigante —reconocido por defender políticos— está cumpliendo prisión preventiva, las denuncias que llevaron a su detención involucraron a dos famosos miembros del PRI: Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. 

El abogado está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la investigación oficial, la movida de Juan Collado era bastante simple: se juntaba en bola para suplantar identidades y así adquirir bienes inmuebles… para luego venderlos, claro. El caso que terminó por mandarlo al bote —preventivamente— tiene que ver con un terrenito de esos en Querétaro que fue traspasado, a través de una empresa bautizada como Caja Libertad Servicios Financieros, para construir un centro comercial.

Este miércoles, el empresario que presentó la denuncia original acusó que Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y el gober de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, son los verdaderos dueños detrás de la empresa.

Foto: Cuartoscuro

Además, acusó —ante la Fiscalía General de la República, no crean que en Twitter— que ese mismo grupo había financiado con más de 100 millones de pesos la campaña del mandatario estatal.

“Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que (textual) no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de Rico Rico y Collado estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri (líder de la bancada panista en el Senado)”, dice la denuncia del empresario recuperada por Reforma.

Al momento, entre todas las órdenes de aprehensión giradas por este caso no está el nombre de ninguno de los políticos aquí mencionados.