Por Esteban Illades
Estamos en el último año del Congreso, ése en el que tradicionalmente no se hace nada. Año en el que diputados, que se renuevan cada trienio, y senadores, que cambian cada sexenio, ya piensan en otra cosa. También conocido como “de Hidalgo” –“… su madre el que deje algo”–, el último año no da muchas sorpresas. Es cuando vemos leyes y proclamas más o menos inútiles y cuando se declaran días nacionales de todo.
Es, por ejemplo, el año en el que Ángel García, diputado de Nueva Alianza, que aparentemente no tiene nada mejor que hacer, decide proponer que la cédula profesional, el documento que le entregan a uno cuando se titula de la carrera –un dolor de cabeza burocrático que incluye como requisitos miles de papeles triplicados, el certificado de kínder de tu abuelita y la colección completa de los hielocos para obtenerse–, se tenga que renovar cada seis años.
O también el año en que otros tres diputados, Blanca Margarita Cuata Dominguez, Maria Cristina Teresa Garcia Bravo, Carlos Hernandez Mirón, se van de viaje a Armenia como parte de las relaciones bilaterales entre México y ese país, y terminan causando un conflicto internacional por no hacer bien su trabajo. Los diputados, del PRD y Morena, estuvieron la semana pasada por allá –con cargo al erario, claro está– y acabaron, por azares del destino (entiéndase, mera ignorancia) en una región llamada Nagorno-Karabakh, que para efectos prácticos es territorio disputado –y parte de un conflicto armado– entre Armenia y Azerbaiyán.
Aunque Armenia lo controla y tiene tropas ahí, legalmente es parte de Azerbaiyán, y el gobierno azerí no permite que ningún visitante extranjero vaya a la región; de hacerlo es añadido a una lista negra y vetado del país. (El chef estrella Anthony Bourdain también estuvo por allá en días recientes, y Azerbaiyán lo acaba de declarar persona non grata; tal vez por eso es que a los diputados se les hizo fácil ir a Nagorno-Karabakh, igual y querían el autógrafo de Bourdain.)
Pero el último año también es peligroso. Mientras los diputados meten la pata en Azerbaiyán y otros proponen leyes ridículas, algunos diputados más hábiles –que no listos– proponen leyes con efectos tan graves como la muerte de mujeres. Sí, así. Es el caso de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que a principios de este mes consiguió que la Cámara de Diputados aprobara una iniciativa para que los médicos puedan alegar objeción de conciencia en tratamientos médicos y no realizarlos.
En concreto –aunque la propuesta de reforma de ley no lo diga, pero es claro que por ahí va–, en casos de aborto. Falta que pase por el Senado, pero lo que propone la diputada Martínez ya lleva la mitad del camino. De aceptarse este nuevo artículo en la Ley General de Salud, las mujeres en necesidad de abortar (por ejemplo, en caso de riesgo de muerte) tendrían todavía más trabas para hacerlo, ya que su médico podría negarse a hacerlo y referirlas a otro que sí estuviera dispuesto. Un médico que tal vez estuviera a cientos de kilómetros de distancia, o que en una de ésas no estuviera disponible en ese preciso instante para realizar el procedimiento. Para la diputada Martínez ese no sería problema, pues con esta idea a ella sólo le importaría la conciencia del doctor, no la vida de una mujer.
Y si eso pasa en la Cámara de Diputados, los senadores andan igual. Hace dos semanas que la Procuraduría General de la República despidió a Santiago Nieto, su fiscal electoral –caso del que hablamos aquí el lunes anterior–, sin explicar bien por qué. Uno pensaría que ahí termina la historia, pero debido a las recientes reformas constitucionales, el Senado tiene el derecho a impedir la destitución de un Fiscal. (Primera y tal vez única buena idea que se ha tenido en el Congreso en mucho tiempo.)
Nieto propuso, y los senadores estuvieron de acuerdo, que su despido se discutiera en la Cámara Alta a fin de dar certeza: si era correcto que se le echara o no. Por ley, los Senadores tenían 10 días para plantear el problema o se tomaría como aceptada la renuncia, y por ahí del quinto se pusieron las pilas. Decidieron escuchar a Nieto y a Alberto Elías, el procurador interino –Raúl Cervantes renunció hace tres semanas– para después decidir qué hacer.
El problema estuvo en que nunca se pudieron poner de acuerdo para votar. Mientras que el PRI y sus partidos satélites –el Verde y Nueva Alianza– querían que todo fuera en lo oscurito, la oposición pidió que se abriera el proceso: que se supiera quién votó por qué. Sin embargo, al ser minoría, no consiguieron que esto ocurriera. El PRI, para variar, no sólo se salió con la suya, sino que atrasó todo tanto y consiguió el suficiente apoyo como para que Nieto diera la batalla por perdida. El viernes pasado usó la famosa frase mexicana de un político que sabe que perdió. Dijo que no “había condiciones” para regresar a su puesto y se desistió. Mientras tanto, el país se quedó sin Fiscal Electoral rumbo a un proceso que desde ahorita se ve igual o más complicado que 2006: voto más dividido, mayores trampas, más dinero sucio y ahora menos investigación, pues ni fiscal habrá.
Así que bien padre el último año de este Congreso. Con leyes inútiles, con legisladores que van a hacer el oso al otro lado del mundo, con diputados que ponen en riesgo la vida de las mujeres y con senadores que no tienen problema alguno en dejarnos sin fiscal electoral cuando más se necesita.
Año de Hidalgo, “… su madre el que deje algo”, país incluido.
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