Por Esteban Illades
El viernes de la semana pasada el país despertó con una noticia sacada de una serie de Netflix sobre narcotráfico: el secretario de la Defensa Nacional del sexenio pasado, Salvador Cienfuegos, el militar mas poderoso entre 2012 y 2018, había sido detenido al llegar a Los Ángeles con su familia.
Según el expediente, Cienfuegos es acusado por la DEA, la Drug Enforcement Administration, de traficar drogas entre 2015 y 2017 en sociedad con un cártel menor, el del H-2, un narcotraficante abatido por la Marina en febrero de 2017. El H-2 había sido jefe de plaza en Nayarit para los Beltrán Leyva, una de las organizaciones más poderosos de México hasta que fue descabezada unos cuantos años atrás.
(El video de cómo la Marina mata al H-2 es en verdad impresionante y terrible; al estilo Irak, los marinos disparan desde un helicóptero en contra de una casa.)
Según las autoridades, Cienfuegos no sabía que estaba bajo investigación estadunidense y por eso viajó sin preocupación alguna a nuestro vecino del norte. Según las autoridades, también, el gobierno mexicano se había enterado dos semanas antes de que la DEA tenía un expediente abierto en su contra; sin embargo, la captura misma se la dio a conocer Christopher Landau, el embajador en México, a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, al mismo tiempo que sucedía.
A Cienfuegos, por cierto, lo defiende el mismo abogado que defiende a Genaro García Luna, supersecretario de Felipe Calderón y también acusado de narcotráfico, y el mismo que defiende a César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de desviar millones de pesos del erario mexicano.
Por una parte, los cargos en contra de Cienfuegos suenan un tanto raros: como bien han apuntado diversos columnistas, suena algo extraño que el secretario de la Defensa Nacional se asociara con un cartel percibido como menor. Más de uno se habrá preguntado el viernes quién era el H-2, porque a pesar de ser objetivo prioritario del gobierno pasado, y a pesar del espectacular video de su abatimiento, su identidad era un misterio para muchos.
Pero por otra sería demasiado irresponsable del gobierno estadunidense hacer el arresto más importante de un funcionario mexicano en toda la historia sin tener algo que lo sostenga. A nivel electoral, contrario a lo que piensan algunos, la detención es insignificante para Donald Trump –la captura no figuró en los noticieros estadunidenses de este fin de semana, por ejemplo–, y a nivel de relaciones con el gobierno mexicano tampoco es la gran ayuda: aunque en un principio el presidente actual culpó al neoliberalismo, como siempre hace, después fue más cauto. Mientras que a los científicos los quemó en leña verde y les dijo ladrones y corruptos, con Cienfuegos ha dicho una y otra vez que el exmandamás de SEDENA necesita un juicio justo antes de poder declararlo culpable.
Asimismo, el expediente se sostiene, según la propia DEA, en varios testimonios y diversos mensajes de Blackberry entre presuntos miembros de los cárteles. Tendría que haber algo lo suficientemente importante y creíble ahí para dinamitar la estructura del Estado mexicano de esta manera. Al menos que sólo quisieran ver cómo arde el mundo, pero no tendría sentido alguno.
¿Qué significa esto hacia delante?
Pues muchas cosas. Con independencia de lo que resulte en el juicio –para el cual se convino el año pasado a lo que en Estados Unidos se llama un “grand jury”, que determinó que había elementos suficientes para detener a Cienfuegos–, es necesario voltear a ver qué ocurre en el Ejército mexicano. Aunque sea una de las instituciones del país con mayor apoyo, la realidad es que el Ejército es la dimensión desconocida para la nación. No le rinde cuentas más que al presidente, y eso muy a veces. En general hace lo que quiere sin supervisión alguna. Ha cometido, desde hace mucho tiempo, violaciones a los derechos humanos –el sexenio pasado estuvo Tlatlaya, por si alguien no lo recuerda–. En los 70 llevó a cabo la así llamada Guerra sucia, en la que participó en la desaparición de ciudadanos mexicanos. Ahí está el caso Rosendo Radilla, para mayor contexto.
A esto hay que agregar que la secretaría de la Defensa Nacional es de las pocas en el continente que no tienen supervisión civil. Si lo que se busca es transparencia, esto debería cambiar a raíz de lo sucedido con Cienfuegos. Se necesita a alguien que no tenga formación militar para encabezarla.
Pero, más que nada, a lo que nos debería llevar esto es a cuestionarnos por qué se ha militarizado el país durante tanto tiempo y si ha servido de algo. Desde 2006, con la Guerra contra el narco, hasta hoy, que el militarismo impulsado por el actual presidente lleva a que miembros de las Fuerzas Armadas ocupen puestos claves en su administración y realicen tareas que no deberían encomendárseles. Lo cierto es que México, durante los últimos 14 años, ha quedado en manos del Ejército y de la Marina, y la rendición de cuentas de ambos ha sido bastante pobre.
No obstante, y con lo que ha dado a entender el presidente, lo más probable es que las cosas en el gobierno se mantengan igual que antes de la detención o incluso peor: las instituciones cada vez más en poder de militares, con todo lo que eso implica.
Por enésima ocasión en este sexenio, México tiene todo para llevar a cabo un cambio trascendente. Pero por enésima ocasión en este sexenio, el gobierno prefiere dejar todo en palabras mientras permite que el país se pudra un poco más.
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