Aunque algunas de las medidas solicitadas por la iniciativa privada si van encaminadas a amortiguarles el guamazo financiero que trajo la contingencia del coronavirus… otras como que parecen que la CONCAMIN las pone en la mesa, total: quizás es chicle y pega.
Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN) hizo una serie de peticiones para hacer frente a la crisis del coronavirus. Para justificar esto, la IP señaló que el cierre de manufactureras de China impactó de manera negativa sobre las Cadenas Globales de Valor… de las que México forma parte.
De acuerdo con la CONCAMIN, los sectores que ya recibieron el trancazo del coronavirus son el automotriz, el de productos químicos, la industria farmacéutica, la de maquinaria y equipo, así como la electrónica… entre muchas otras.
Así que, aunque todavía no se sabe el impacto negativo que representa lo anterior, se pide implementar medidas no sólo fiscales, sino también monetarias, de regulación, inversión, así como de gasto público que “permitan mitigar la posible recesión que se enfrentará en el mundo y que garantice que se mantenga el empleo en México”.
Entre las medidas solicitadas por la iniciativa privada, en lo relativo a los apoyos fiscales, se pide negociar con las entidades federativas la reducción del impuesto sobre la nómina, que se les deje deducir al 100% las prestaciones laborales, así como eliminar cualquier medida unilateral de presión fiscal.
En lo que respecta a lo monetario, los empresarios piden garantizar la liquidez de la economía, así como la reducción de las tasas de interés.
¿Y el etiquetado?
Y así, una serie de medidas más… muchas de ellas sí encaminadas a echarles la mano, para que después ellos se la echen a sus empleados y al consumidor… bueno, en teoría… para rematar con la petición de posponer medidas como el etiquetado que se pretende aplicar a alimentos y bebidas. No para siempre, nomás cosa de tres años.
El etiquetado frontal es una medida cuyo objetivo es advertir al público sobre si los productos tienen (o no) exceso de azúcares, grasas trans, grasas saturadas, sodio o contenido energético… y bueno, desde siempre la IP se ha pronunciado en contra; de hecho, a inicios de mes consiguió suspender provisionalmente la medida.
“Hay dudas razonables sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y aprobación de la norma, tal y como, desde el pasado 24 de enero, el sector privado mexicano lo manifestó a la opinión pública”, señaló la IP tras conseguir la suspensión… con la cual nomás pedían se les diera chance de participar más en la elaboración de la norma… pero bueno, ahora piden tres años de suspensión. ¿Por?