Por Diego Castañeda
Durante esta semana el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) dio a conocer su informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018 (IEPDS 2018) en el que se encuentra el diagnóstico del país en temas de política social y sus retos más inminentes en términos de pobreza, concentración del ingreso, carencias sociales y la medición multidimensional de la pobreza.
En el ramo de la distribución del ingreso, los datos son los que provienen de la ENIGH 2016 y en los que se ve la siguiente distribución:
- El decil 10 (10 por ciento más rico de México) concentra el 35.4 por ciento del ingreso nacional.
- Los deciles 9,8 y 7 concentran alrededor de otro 30 por ciento.
- Los deciles 6,5,4,3,2,1 concentran alrededor del tercio restante, en específico el decil 1; es decir el 10 por ciento más pobre apenas llega al 1.9 por ciento del ingreso.
Si vemos los datos en lo relativo a pobreza lo que se observa es muy preocupante y hace una obligación que sea un tema de toda prioridad en la agenda nacional:
- El 78.5 por ciento de los niños y adolescentes indígenas de entre 0 y 17 años se encuentra en situación de pobreza.
- 85.1 por ciento de mujeres indígenas en zonas rurales se encuentran en situación de pobreza.
- El 47.8 por ciento de los jóvenes y adolescentes no indígenas se encuentran en situación de pobreza.
- 80.5 de adultos mayores en zonas indígena son pobres multidimensionales.
La brecha entre el ingreso salarial de hombres y mujeres con escolaridad básica es de 20.8 por ciento y 41.2 de los jóvenes que trabajo no tienen una sola prestación social y que la pobreza tal como la mide CONEVAL se ubicó en una cifra equivalente a 53.4 millones de personas.
Todo esto al mismo tiempo que el gasto en programas sociales federales creció de 700 mil millones de pesos en el año 2010 hasta los 875 mil millones de pesos, una cantidad que creció a ser alrededor de una sexta parte del presupuesto federal mientras los programas sociales se redujeron de 273 hasta ser 149 respectivamente.
Lo que este informe de CONEVAL nos muestra es la imperiosa necesidad de modificar radicalmente la política social del país. Durante los últimos 30 años hemos observado retoques, uno tras otro, a los programas sociales existentes, a veces unos más tecnocráticos, otros más bajo criterios políticos, pero siempre produciendo resultados más o menos igual de negativos.
De los 149 programas que quedan sin duda un buen número aún puede ser reducido para evitar duplicidades y liberar recursos para implementar otras políticas para lograr un mayor desarrollo. Programas como Prospera antes Oportunidades y Progresa desde un inicio nunca fueron programas para el combate a la pobreza, sino para el combate a la transmisión intergeneracional de la misma que permite que origen sea destino y que los hijos tengan vidas más o menos idénticos a los de sus padres.
Romper estas dinámicas es especialmente difícil en zonas urbanas y éste es uno de los grandes retos que tienen aquellos que diseñan e implementan los programas sociales: se encuentran en las zonas urbanas donde estos programas funcionan mal, así como la necesidad de romper trampas de pobreza por todo el país, en específico en las comunidades rurales donde jóvenes, viejos e indígenas carecen de oportunidades para ganarse la vida.
Justo en el comienzo del periodo de transición será de mucha importancia poner atención en el diseño e implementación de política social que estará a cargo de María Luisa Albores. Un enfoque menos asistencialista, más pensando en cómo asegurar que las personas tengan acceso a una mejor calidad de vida. Mucha de la atención se merecidamente en los temas de coyuntura como la seguridad, el TLCAN o los ajustes administrativos, no obstante, la política social está completamente fuera del radar de la discusión pública, reportes como el de CONEVAL deberían obligarnos a ponerlo en el mero centro de atención del próximo gobierno.
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Diego Castañeda es economista por la University of London.
Twitter: @diegocastaneda