En el norte y en el sur. Dos muestras de que lo realmente es importante para los políticos del país: su familia… bueno, la verdad no, seguramente lo más importante es ellos mismos.
Tras darse a conocer una conversación entre funcionarios de Coahuila, en la que se platicaba sobre la inclusión en nómina de la cuñada del alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, éste tuvo que verse en la penosa necesidad de dar de baja a una miembro de su familiar.
Según el propio López Villarreal, su cuñada, Astrid Naranjo ofrecía sus servicios en el Instituto de Cultura (IMC) porque es una persona capacitada en el área de la cultura, por lo que su contratación “no es ilegal”.
Quizás con lo anterior más de uno esté de acuerdo, el problema fue que en la sabrosa conversación sostenida entre el tesorero municipal Adrián Ortiz Gámez y el director de Servicios Administrativos, Armando Mireles Aguirre, estos señalaban que la familiar de López Villarreal acudió a cobrar su cheque… pero ninguno sabía a razón de qué y sobre todo por qué iba a recibir la superlativa cantidad de 200 mil pesos.
“Puras mentiras”, dijo el alcalde respecto de la grosera suma que supuestamente se le paga a su cuñada, es más, dijo estar abierto a que se realice una auditoría. Sin embargo no aclaró cuánto se le paga a su familiar. Además se defendió acusando que su administración es víctima de espionaje y solicitó al gobernador Rubén Moreira una investigación sobre el caso.
Por otra parte, en Tabasco, una denuncia hizo evidente que quizá el DIF de ese estado no está tan interesado en la niñez, priorizando tratos que ofrecen ganancias de poco más de 20 millones de pesos.
Mario Rafael Llergo Latournerie, abogado priista, en rueda de prensa acusó que el DIF-Tabasco realizó una millonaria compra de alimentos a la Empacadora Brissa, S.A. de C.V. Esto parece muy normal, a alguien le tienen que comprar los productos que ofrecen a los niños…
Pero lo “curioso” del asunto, según la acusación de Llergo, es el saber que dicha empacadora se creó de la nada y en menos de dos meses ya se había adjudicado contratos millonarios: apenas el 30 de agosto del año pasado Empacadora Brissa se creó y ese mismo día registró su alta en el Registro Federal de Contribuyentes… ya para el 22 de octubre contaba con dos contratos con el DIF: uno por 11 millones 918 mil pesos y otro por 8 millones 512 mil pesos.
Lo anterior fue denunciado ante la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública por el propio Llergo Latournerie, quien hasta el momento sólo ha sido notificado que el expediente se remitió a la Contraloría de Tabasco… y de ahí, nada.
La indisposición para aclarar la situación se explica –señala Llego- por los vínculos afectivos que Munir Chalela, -yerno de Arturo Nuñez, gobernador de Tabasco– tiene con el director jurídico del DIF, Sergio Eduardo Pulido Pérez y Juan Antonio Herrero, dueño de la empacadora Brissa.
“Estos vínculos cercanos al gobernador Arturo Núñez muestran por sí solos el porqué el gobierno de Tabasco no ha hecho nada respecto de la denuncia pública de corrupción en el DIF estatal”.
Para demostrar el vínculo que los une, el priista señaló que el pasado 29 de octubre “todos los implicados” en la corrupción del DIF-Tabasco festejaron el bautizo de la hija del director jurídico del DIF: los ya mencionado, más Carlos Camelo Cano, quien dio fe de la creación de la empresa al vapor. Todo esto nos deja una valiosa moraleja: si quieres obtener millones del gobierno, de menos tienes que dejarte ver en el bautizo de un chiquito.
Respecto a este caso la Contraloría estatal ya se pronunció y, mediante comunicado, informó que “existe una responsabilidad administrativa atribuible de manera personal al director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del Sistema Integral de la Familia (DIF Tabasco), Sergio Eduardo Pulido Pérez, por lo que en consecuencia se procedió a sancionarlo con una suspensión por 30 días sin goce de sueldo, a partir del próximo 2 de mayo del presente año”. Y ya.