Casos de corrupción en nuestro país hay hasta para tirar hacia arriba. Más bien, lo complicado es que pase un día sin que tengamos noticias en este sentido. Durante el último año y medio, la Secretaría de la Función Pública ha detectado que 76 funcionarios de distintas dependencias amasaron una fortuna de 499.1 millones de pesos de manera ilegal. Por estas irregularidades, la secretaría encabezada por Arely Gómez denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a los servidores y exservidores públicos que hicieron mal uso de los recursos y que, presuntamente, incurrieron en el delito de enriquecimiento ilícito.
La mayoría de las personas investigadas provienen de, no lo van a creer, Pemex. Así como lo leen, Petróleos Mexicanos aportó 26 funcionarios a la penosa lista. El Instituto Mexicano del Seguro Social aportó a once colaboradores, con un monto de 41.1 millones de pesos, mientras que la misma PGR aportó a la lista con seis casos, los cuales equivalen a 24.4 millones de pesos.
Todavía no se conocen las identidades de los personajes involucrados. Sin embargo, se tienen algunas pistas, como la dependencia desde la que se enriquecieron. El caso más escandaloso de enriquecimiento inexplicable es el de un servidor público de la Secretaría de Educación Pública, el cual tuvo un incremento en su patrimonio de 72 millones de pesos.
¿Cuál es el proceso contra servidores públicos?
1) La SFP lleva a cabo un seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos.
2) Se le echa ojo a la declaración patrimonial de cerca de 200 mil funcionarios, mismas que están obligados a presentar cada año.
3) Cuando hay inconsistencias entre lo declarado y los ingresos percibidos, se abre una investigación.
4) Los servidores públicos son llamados a declarar y transparentar las cuentas.
5) En caso de no presentarse, o no aclarar las discrepancias, se da aviso al Ministerio Público federal.
6) Una vez que se presenta la denuncia, la PGR determina la situación del servidor público. En caso de haber incurrido en una conducta ilícita, se le lleva ante un juez.
La corrupción está presente en cada esfera de la sociedad mexicana. Más allá de ser un problema ético, que sí lo es, tiene implicaciones mucho más tangibles: frena el desarrollo económico, deslegitima a las instituciones e incrementa la desigualdad. En pocas palabras, la corrupción tiene costos económicos, políticos y sociales. De acuerdo con la socióloga María Amparo Casar, autora de Anatomía de la Corrupción, debido a este fenómeno se pierden entre 2% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB) al año, lo que equivaldría a 23.1 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México o 9.1 veces el presupuesto total de los programas de subsidio de Sedesol.
La corrupción, tal cual, es imposible de medir. Hasta ahora sólo existen aproximaciones al fenómeno y los índices se elaboran a partir de la percepción que los ciudadanos tienen sobre el problema. México ocupa posiciones nada halagadoras de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, realizado por Transparencia Internacional:
- México ocupa la posición 28 de 32 países en América.
- De los 19 países integrantes del G-20, México es el 18 más corrupto.
- Nuestro país es el país más corrupto de los miembros de la OCDE: 32 de 32.
- México ocupaba el sitio 123 de 176 a nivel global en 2016, aunque los estudios más recientes indican que ha caído hasta 28 posiciones en el ranking sobre corrupción en el primer mes de 2017.