A partir del jueves y por 90 días, la seguridad nacional de Estados Unidos está bajo resguardo de las criticadas políticas migratorias de Donald Trump. Lo anterior luego que la Corte Suprema decidió restablecer el decreto con el cual se suspende el ingreso a territorio estadounidense de ciudadanos provenientes de Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudan y Yemen. Además, por 120 días se negará el ingreso de refugiados provenientes de dichos países de mayoría musulmana.
“La decisión unánime de la Corte Suprema es una clara victoria para nuestra seguridad nacional. Permite que se torne efectiva en parte la suspensión de los viajes para seis países inclinados al terrorismo y la suspensión a los refugiados”, celebró Trump por medio de un comunicado.
De acuerdo con The Guardian, el tribunal más alto del vecino país del norte aclaró que la prohibición migratoria podrá aplicarse contra aquellas personas que carezcan de “una relación de buena fe con una persona o entidad en los Estados Unidos”. Será hasta octubre próximo cuando el mismo tribunal analice en juicio qué camino seguirá este veto migratorio, cuya parcial aprobación fue tomada por Trump como una “clara victoria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Pese a lo manchado que se ve el asunto, ya que supone que bajo sospecha se podrá negar el acceso a Estados Unidos de toda persona proveniente de los seis países ya mencionados, hay que señalar que esta es una versión light del proyecto original de Trump, el cual preveía impedir la entrada a cualquier tipo de viajante, aun a los que tuvieran visa y residencia permanente. En esta propuesta migratoria se incluía a Irak dentro del grupo de países vetados.
Ya que el proyecto original fue rechazado por varios jueces, en marzo Trump presentó un segundo decreto, en el cual intentó (sin mucho éxito) dejarlo libre de cualquier cuestión religiosa. Sin embargo, nuevamente las instancias judiciales consideraron que el mandatario no presentaba argumentos basados en cuestiones de seguridad nacional, sino en meras ideas intolerantes y discriminatorias. No obstante, los abogados del republicano aguantaron bien los tiempos y acudieron a la Suprema Corte hasta que a esta instancia llegó el juez Neil Gorsuch, cuya designación fue impulsada por Trump.
Ya con mayoría conservadora en la Corte… ahora sí la administración de Trump pidió sacar de la congeladora su proyecto migratorio y que fuera reconsiderado bajo el argumento de que los países involucrados son “proclives al terror”… y listo: ayer se informó que la orden se implementará en 72 horas. “Mantendremos informados a los que viajan a Estados Unidos y a los socios de la industria viajera sobre cuándo implementaremos la orden de manera profesional, organizada y oportuna”, señaló Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado.
Por su parte, demócratas y defensores de los derechos de los migrantes advirtieron que seguirán en la lucha para prohibir por completo este veto. La orden “es un ataque anticonstitucional y no estadounidense a la libertad religiosa de nuestro país”, lamentó el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez.
Sin embargo, para Trump la cosa no va por ahí: “como presidente, no puedo permitir en nuestro país a gente que quiera hacernos daño. Quiero gente que pueda amar a Estados Unidos y a todos sus ciudadanos, y que sea trabajadora y productiva”, señaló Trump en el comunicado difundido luego del fallo de la Suprema Corte, la cual decidirá en octubre si el veto será más extenso. Para darnos una idea de lo que podría resolverse en unos meses, tres de los nueve jueces sostienen que el veto habría debido aplicarse en su totalidad.
Información: The Guardian, La Jornada, El País