Cuidemos al INEGI y a los números públicos

Por Luis Ángel Monroy-Gómez-Franco

INEGI se encuentra bajo amenaza. En este caso no es una amenaza fantasma, como la de Darth Sidious en el Episodio I. Se trata de una amenaza más que visible y que tiene la forma de la nominación de la Mtra. Paloma Merodio a la Junta de Gobierno del Instituto como reemplazo del Mtro. Félix Vélez. Pero ¿por qué esto es una amenaza para INEGI? ¿Por qué debe de importarnos lo que ocurre con este instituto?

La amenaza

¿Por qué esa nominación es una amenaza a la credibilidad de las estadísticas públicas mexicanas? En primera instancia, porque no es claro que cumpla con los requisitos legales para poder formar parte de la junta de gobierno de INEGI. El requisito que parece que no cumple la candidata del ejecutivo federal es el concerniente a la experiencia laboral. De acuerdo al currículum presentado al Senado, la candidata no cumple con los años de experiencia requeridos en puestos de alta responsabilidad, ya sea en el sector público o en el sector privado. Y, al menos con los criterios convencionales de la academia (número y tipo de publicaciones, actividad de investigación y docencia), tampoco se trata de una académica destacada.

Para algunos, empezando por quienes la nominaron, el hecho de que la candidata del ejecutivo no haya presentado evidencia de que cumple con los requisitos de ley no es relevante. Esto es un error. Una candidatura cuya legalidad es cuestionada, de ser aprobada sin resolver esos cuestionamientos, implicaría un duro golpe a la credibilidad del INEGI como institución. Si no se considera a la ley como un criterio relevante para integrar la junta de gobierno de INEGI y se le da preponderancia a los argumentos políticos, se corre el riesgo de que estos mismos argumentos tengan preponderancia en la integración de las estadísticas públicas.

A esto hay que agregar que la candidata del ejecutivo federal es actualmente Directora General de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales en la Secretaria de Desarrollo Social. Es decir, la candidata del gobierno federal proviene de una secretaría cuya labor es evaluada a partir de los datos de INEGI. Una secretaría cuyos titulares durante la presente administración (Rosario Robles, José Antonio Meade y Luis Miranda) se han caracterizado por hacer declaraciones públicas pidiendo que se modifiquen los indicadores de pobreza, pues los indicadores actuales no capturan, según ellos, la magnitud de los logros de este sexenio. Sin contar que a estas declaraciones se les ha acompañado de acciones, como la creación de la cartilla de programas sociales, que parece diseñada para inducir una respuesta en las encuestas de INEGI o de esfuerzos directamente enfocados a dar respuestas específicas en las encuestas de INEGI.

¿Qué consecuencias tendría un nombramiento político y con sospechas de ilegalidad a la junta de gobierno de INEGI? Antes de responder directamente, vale la pena citar dos ejemplos internacionales recientes.

Dos postales sobre los números públicos en el mundo

El domingo pasado, el jefe de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, señaló que él consideraba que durante la administración de Barack Obama se manipularon las cifras de desempleo, pero que dicha manipulación dejó de ocurrir con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Siguiendo lo que parece ser la tradición de la actual administración estadounidense, Mulvaney no presentó evidencia alguna que sustentara sus dichos, los cuales es necesario señalar que son falsos. La forma de medir el desempleo en Estados Unidos no ha cambiado en décadas, y se mide hoy en día de la misma forma en que se medía en la administración de Obama y de George W. Bush.

De América del Norte vayamos a América del Sur y retrocedamos 10 años en el tiempo, a 2007. A finales de 2007, ocurrió la salida de tres funcionarias del INEGI argentino, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. La razón de su salida fue que desde finales del año anterior comenzaron a surgir presiones por parte del ejecutivo argentino para modificar la medición de la inflación y de otros indicadores económicos, con el objetivo de que fueran favorables al gobierno. Con la salida de estas funcionarias se inició un periodo de intervención directa por parte del ejecutivo argentino en la elaboración de las estadísticas económicas, que llevaron a que en 2012 el Fondo Monetario Internacional emitiera una moción de censura contra Argentina, debido a la baja calidad de los datos de inflación y producto interno bruto. El resultado de esta intervención es que no se cuentan con datos confiables para analizar lo que ocurrió en Argentina en términos económicos entre 2007 y 2016.

Si bien ambos episodios son geográfica y temporalmente lejanos, comparten un rasgo en común: se trata de ataques a las oficinas de estadística motivados por objetivos políticos. En el caso de Trump, se busca minar la credibilidad de las cifras de empleo del gobierno de Obama para hacer parecer más grandes los logros de la administración Trump. En el caso argentino, se trató de una intervención directa con el fin de hacer que los indicadores económicos no contradijeran la narrativa del gobierno en el tema de la inflación y el crecimiento. La víctima en ambos casos fueron las estadísticas públicas. Y, con ellas, la capacidad de que la sociedad evalúe los resultados del gobierno.

¿Y México?

Regresemos al caso mexicano. Una nominación de corte político –es decir, con el objetivo de tener una voz sesgada a favor del ejecutivo federal dentro del órgano rector de todo el sistema generador de estadísticas– tendría efectos severos sobre la confianza que actualmente se tiene en las estadísticas públicas. En el caso extremo, esto podría derivar en que las decisiones sobre cómo realizar las preguntas en las encuestas de INEGI, sobre qué establecimientos emplear para levantar la información sobre la inflación, qué ponderadores utilizar se decanten a favor de aquella opción que genere resultados al gusto del gobierno federal. La intervención no tendría que ser tan tosca como la que ocurrió en Argentina, pero se corre el riesgo de que tenga consecuencias similares.

Y es que aquí vale la pena valorar lo que se tiene actualmente en México. INEGI es una institución que poco a poco ha logrado que le creamos lo que dice. Esa construcción de credibilidad se ha logrado mediante un incremento en la transparencia con la que se realizan tanto la captación como el procesamiento de los datos. La mayor transparencia ha permitido que se evalúe si los procesos de levantamiento y procesamiento de INEGI son correctos. Tal fue el caso con el levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, en el que se detectó que la variable de ingreso se recabó de forma diferente a la que se había captado en años previos. El que se recabase de forma diferente implicó que no fuese comparable con el de los años previos. Es decir, era equivalente a comparar peras con manzanas, por lo que no sabemos qué es lo que pasó entre 2014 y 2015 en términos de ingreso. Como resultado, se estableció un grupo de trabajo con miembros de INEGI, CONEVAL, academia y sociedad civil, cuyo objetivo es analizar que ocurrió con el MCS 2015 y de qué forma se pude hacer comparable con la información de años previos.

Fuente: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

El segundo factor que ha contribuido a la credibilidad de INEGI es que se trata de una institución que goza de autonomía técnica y de gestión. El gobierno federal no puede ordenarle cambiar sus procesos internos ni puede determinar cambios en los indicadores elaborados por INEGI. El respeto a esta autonomía depende del tipo de nombramientos que el ejecutivo federal propone a la junta de gobierno del instituto. De acuerdo a la ley, entre otras características, los miembros de la junta de gobierno del INEGI deben tener al menos 5 años de experiencia en puestos de alta responsabilidad en el sector público o privado relacionados a la labor de INEGI o tratarse de académicos distinguidos en dichas áreas (Artículo 69 de la LSNIEG ).

Una nominación política implicaría dar un paso atrás en términos de credibilidad y de confianza en las estadísticas públicas, que son la herramienta indispensable para la política económica y la política social de los gobiernos federales y estatales. No sólo eso, si se dejan de tener estadísticas públicas confiables, se perdería la habilidad para saber cuál es el estado de las cosas en México en términos económicos y demográficos. Esto podrá parecer etéreo, pero tiene implicaciones reales sobre cómo se toman decisiones económicas, de salud pública y educativas.

Lo que ocurre con la nominación de INEGI es un eslabón más en una cadena de nominaciones cuestionables por parte del ejecutivo federal. Como mencionan Rodolfo de la Torre y Jonathan Heath, hay otras mujeres que sí cumplen los requerimientos legales mínimos, y que por su perfil serían excelentes adiciones a la Junta de Gobierno de INEGI. Sin embargo, desde la nominación de Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia parece que un rasgo que se repite es que no se buscan los perfiles idóneos para ocupar las instituciones mexicanas. El costo de ese tipo de acciones es un lento deterioro de las instituciones.