Es el último mes de 2020 pero hay un montón de noticias que han llamado la atención de los mexicanos y las mexicanas, como la llegada de la vacuna contra el COVID-19 —desarrollada por Pfizer y BioNTech— a México, el caso de Felipa Obrador o la alerta sobre el retroceso de CDMX a Semáforo Rojo. En medio de todo, el 3 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Población, que ya ha sido cuestionada. ¿La razón?
El objetivo de esta ley es la creación de un registro nacional de población —que, por cierto no toca los datos del padrón electoral del INE— peeeeeero basado en datos biométricos, que de acuerdo con los críticos y las críticas de esta ley, propician la discriminación y vigilancia por parte del gobierno bajo el argumento de garantizar el derecho a la identidad.
Antes de seguirle con lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, vale recordar que los datos biométricos son básicamente el ADN de las personas, las líneas de la huella dactilar, el iris de los ojos o el tono de voz que cada persona tiene.
En México —así como en otros países— estos datos se usan mediante la matemática y estadística para verificar la identidad de los ciudadanos y las ciudadanas.
Cámara de Diputados aprueba Ley General de Población con uso de datos biométricos
Por mayoría —con 426 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra—, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que crea la Ley General de Población y eliminó el que México tenía desde 1974.
Y básicamente con esta ley se pretende la emisión de un documento oficial de identificación —como la credencial del INE— ante tooooooooodas las autoridades mexicanas, ya sea en México como en el extranjero, ante personas físicas y morales y servirá para cualquier trámite o servicio (privado o público).
El plan es que este documento o Cédula Única de Identidad Digital esté integrada —en su versión física como digital— por la CURP (Clave Única de Registro de Población), nombres y apellidos, fecha de nacimiento, entidad federativa de nacimiento, nacionalidad y datos biométricos “en términos de lo que disponga el reglamento correspondiente”.
Va de nuez: la Cédula Única de Identidad Digital que se expida será oficial y equivale a algo así como la credencial de elector para cualquier tipo de trámites o para acreditar la identidad —de manera oficial— de una persona.
Entre las cosas a destacar, está el hecho de que la cédula respetará los datos e identidad asumida por una persona. Además de que su expedición será gratuita y correrá a cargo de la Segob (Secretaría de Gobernación) —va para toooooda la población mexicana y la que reside en el extranjero.
¿Qué sigue?
El dictamen pasó ya a la Cámara de Senadores, donde se discutirá si lo aprueban y si esto pasa, iría directo con AMLO para que lo firme y después se publique en el DOF (Diario Oficial de la Federación).
No obstante, aunque algunos diputados y diputadas dijeron que se salvó el padrón electoral del INE (el Registro Federal de Electores, el Instituto Nacional Electoral) —o sea que la Segob no tendrá acceso a estos datos—, con esta ley se habilita el uso de datos biométricos para crear la Cédula Única de Identidad Digital, que se traduciría en un sesgo para el acceso a bienes y servicios así como un paso a la discriminación o hasta la vigilancia gubernamental, de acuerdo con el director de la R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), Luis García.
#Últimahora Se registran 426 votos en pro, 1 en contra y 3 abstenciones, en lo general y particular con la modificación aceptada, del dictamen por el que se expide la Ley General de Población. Se aprueba y se turna al @senadomexicanohttps://t.co/j8QmAznTkE
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 4, 2020