De dificultades de un principio de año y buenas intenciones II

Lee la primera parte de este artículo.

Actualmente, por el sitio que ocupan los multimillonarios en México, el predominio de sus intereses es valorado (axiomática, técnica y lógicamente), por los políticos y los medios de comunicación, por encima de análisis serios y responsables de las situaciones que vive el país, y se presenta como un discurso objetivo del pensamiento político, no obstante es una ideología, una interpretación más del orden de las cosas y las personas, con una muy pobre consideración de la vida de las colectividades y sí, más de las individualidades al interior de la dimensión nacional. Bajo estas perspectivas, la consideración de una sola o única visión niega la presencia de todas las demás. Es por ello, ineludiblemente, una concepción autoritaria y, por ende, estérilmente prodemócrata. No puede ser tan predominante la legitimidad de los beneficios que justifican la calidad económica de los multimillonarios, la supuesta universalidad de esta visión en los espacios nacionales es lo que preocupa.

En estos días se publicó en La Jornada un artículo sobre la investigación más reciente que hizo la Cepal sobre las élites, la desigualdad y la tributación en América latina y el Caribe. México es el segundo país latinoamericano con mayor cantidad de multimillonarios (1 por cada 10 millones de habitantes), es también uno de los que menos capta por la vía de los impuestos las ganancias que éstos obtienen. En México este grupo de millonarios es “una minoría que concentra un alto porcentaje del ingreso nacional y controla un significativa proporción de los recursos productivos”.

Mientras que a nivel mundial es una tendencia elevar la captación de impuestos a la propiedad —en los Estados Unidos es el tema del día—, la tasa en México, de por sí baja respecto a otros países, acumula un estancamiento de 20 años; en promedio 0.18 por ciento del PIB desde principios de los años 90, que corresponde a la tercera parte del promedio que captan los países latinoamericanos (entre éstos, México es el tercero con menor captación), o la cuarta de los considerados en transición (India, Tailandia, etcétera). Respecto a los países pertenecientes a la OCDE, a la que pertenece México, estos en promedio perciben 12 veces más por la captación de impuestos sobre la propiedad o patrimonio.

Si asumimos que en una comunidad nacional la desigualdad social expresa un débil sentido de aplicación de justicia, indispensable para una positiva convivencia nacional, y que de no ser así terminará por erosionar mejores condiciones económicas generales en beneficio de todas las partes, todas, podemos reconocer que una elevación a los impuestos de la propiedad o el patrimonio pueden corregir las condiciones actuales. Si de las condiciones generales es de donde emanan los beneficios para todas las partes, deben darse entonces las condiciones que permitan el beneficio práctico adecuado a cada una de ellas. “No es claro que la obtención de los ingresos más altos sólo refleje una legítima retribución por el esfuerzo y el talento desplegado en los mercados competitivos. Los contactos políticos, el origen social, el trato favorable en materia tributaria y las regulaciones que benefician a los ricos también contribuyen a la acumulación de grandes fortunas sin una vinculación productiva evidente”, concluye la investigación. No obstante, la Cepal no deja de advertir la dificultad que los más ricos tienen para aceptar la racionalidad de sus conclusiones.

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La semana pasada aparecieron, después de treinta años, los documentos comprobatorios de cómo el thatcherismo operó, a conciencia, todas sus condiciones para destruir el estado de bienestar social, heredero de la Segunda Guerra Mundial.

Es claro ahora cómo es que los gobiernos, adheridos a la globalidad, de derecha y de izquierda indistintamente, se dedicaron en cada país, a partir de la crisis de 2008, a operar los designios que las derechas encontraron más útiles para sus intereses económicos: el caos político y económico. Los cálculos hechos les aseguraron que en situaciones caóticas es fácil manipular la información, la opinión pública —los medios son sus extensiones—, desviando la culpabilidad al estado y no al mercado; han aplicado, de manera calculada en todas partes, la conocida doctrina del shock a los servicios públicos.

El debate sobre las reformas tributarias en la actualidad es un efecto de esta estrategia que acusa a los gobiernos de su ineficiencia en el ejercicio del gasto público, sin aclarar las condiciones inducidas por ellos mismos que devinieron en una legalidad más provechosa para que los grandes corporativos aventajen respecto a sus privilegios fiscales; como ejemplos, el caso del debilitamiento de la educación pública para fortalecer la educación privada, tanto como lo que observamos respecto a la medicina y su relación con los laboratorios de medicinas, son en la actualidad meganegocios. La estrategia ha sido la de reventar las finanzas públicas para introducir la venta de servicios privados como sustitutos: por supuesto, llegan con sus propios precios y ganancias; como monopolios están fuera del mercado.

Así las cosas, es posible crear ya el caos climático, que podría ser el próximo objetivo de las derechas económicas: mientras los niveles del mar sigan subiendo, serán empresas privadas las que construyan los diques. El dogmatismo reina de manera plena: al impedimento sabido de los mercados para la redistribución de la riqueza, la respuesta es liberar más aun los mercados. Pero viviendo el caos, asumamos que igualmente ataca a sus creadores: el flanco del descrédito del sistema bancario es posible igualmente. En estas condiciones, una posible propuestas es la de volver a abrir los debates en torno al fortalecimiento del estado, de manera novedosa, original y bajo estrictos preceptos democráticos, aquellos puestos en el encuentro con lo participativo. ¿Qué más pruebas hay de un fracaso propiciado a conciencia?