Este lunes 3 de abril iniciaron las campañas electorales en el Estado de México. Y si de por sí algunos acusan que el proceso electoral está vuelto un cochinero, con cada segundo aquello se está poniendo más pantanoso. El priista Eruviel Ávila, actual gobernador del Edomex, autorizó la operación de 64 programas de atención social durante el periodo de campañas, algunos de estos programas contemplan la entrega de dinero y bienes para los mexiquenses. Así como se lee: el controvertido Decreto 197—publicado el pasado 31 de agosto— establece que todos estos programas para atender a la población más vulnerable de la entidad seguirán en operación aunque se esté en periodo electoral. Entre los programas que fueron autorizados para continuar sus funcione se encuentran los desayunos escolares y becas estudiantiles.
El gran problema de esta determinación recae en que los programas sociales podrían convertirse en un botín político rumbo a los comicios del próximo 4 de junio. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) cuenta hasta ahora con 117 denuncias por condicionamiento de estos programas en el Estado de México. El decreto del gobernador Ávila Villegas es peligroso porque también contempla la entrega de recursos como dinero en efectivo, muebles y material de construcción.
Algunos de los apoyos que el político priista podría utilizar a su favor y el de sus compañeros de partido (** cof cof Alfredo del Mazo cof cof**) son las becas que se les otorga a los estudiantes mexiquenses que asisten a la UNAM, IPN o UAM, el beneficio que se les brinda a “mujeres en áreas rurales”, los títulos de propiedad que recibirían los habitantes de colonias irregulares y el dinero para pagar las fianzas de los presos que no tengan dinero para hacerlo. De acuerdo con el portal Animal Político, el Estado de México es el segundo estado con mayor número de denuncias por coacción y compra del voto mediante programas sociales, sólo después de Veracruz.
