De inmediato, esta noticia se colocó en tendencia en redes sociales y no era para menos: se trata de una exfuncionaria de gobierno vinculada a proceso en un caso relacionado con la gestión de dependencias gubernamentales como Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y la ya desaparecida Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social). Nos referimos al caso de Rosario Robles, quien esta mañana fue remitida al penal de Santa Martha Acatitla. Ante la decisión del juez, la defensa de Robles calificó esta acción como una medida que viola la presunción de inocencia de su clienta.

“Hoy estuvimos ante un tribunal de Estado, ante una consigna mayúscula y ante la más aberrante impartición de justicia que yo haya visto en 35 años de ejercer, dijo Alexandro Olea, abogado de la exfuncionaria, a los reporteros que cubrían la fuente tras la maratónica audiencia.

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Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu, a su llegada a los juzgados del Reclusorio Sur, para presentarse a la audiencia por las acusaciones por el supuesto desvío de recursos durante su administración. Foto: Cuartoscuro.

De acuerdo con Olea, el caso cobró los tintes del Estado y, por ende, se ha roto el debido proceso como un principio para calificar la incidencia de Robles en los señalamientos de desvío de recursos en las dependencias ya mencionadas.

“Hemos visto cómo se ha violado el debido proceso, cómo se ha violado la presunción de inocencia, agregó Olea al insistir en que su clienta es inocente y “nos dedicamos en estas audiencias a demostrarlo con un cúmulo que jamás fueron rebatidas por el Ministerio Público”.

En entrevista para Así Las Cosas, la defensa precisó que la exfuncionaria sólo informó de sus actividades como funcionaria, “señaló procesos en la entrega de función”. Esto lo dijo Olea para acentuar que las declaraciones de Robles no vincularon a otros exfuncionarios. Es decir, que todo se trató del reporte de  sus actividades en la función pública.

Prisión preventiva justificada

Vale mencionar que la decisión del juez respondió al riesgo de fuga, ya que Rosario Robles no acreditó el domicilio que reportó para enfrentar este proceso —es decir, la ex jefa de Gobierno reportó su domicilio en Coyoacán. Sin embargo, al momento de localizarla y hacer entrega de la notificación de la audiencia, esto no fue posible.

Además, el juez ordenó una investigación de dos meses antes de la próxima audiencia. ¿Y luego? Durante este tiempo, la Fiscalía General de la República (FGR) debe armarse de todas las pruebas para acreditar el delito por el que Robles es acusada —presunto ejercicio indebido de la función pública en Sedesol y Sedatu.

**Foto de portada: Cuartoscuro.