Humberto Moreira denunció al expresidente Felipe Calderón frente a la Corte Penal Internacional de la Haya por haber impuesto un “Estado de excepción con pretexto de la lucha contra el narco”.

El diario Excelsior afirmó tener copia de un documento de 40 páginas y 16 capítulos que el ex gobernador de Coahuila envió a la fiscal Fatou Bensouda y que tiene fecha del 28 de noviembre.

 Para Moreira el caso es más serio siempre que la estrategia de la guerra contra el narco no fue un evento circunstancial o un “plan de acción aislado sino que ha sido el eje rector de la política nacional del presidente Felipe Calderón”.

El capítulo 11 del documento está titulado “Guerra contra el Narcotráfico”, Moreira expone que el ex mandatario ordenó el despliegue de tropas en el país provocando una “guerra interna sin proteger a la sociedad civil mediante la suspensión de las Garantías Individuales”.

Moreira denuncia además que desde que inició la guerra contra el narco no se han dado cifras contundentes sobre cuántas personas han muerto: “la cifra puede ser entre 50 y 150 mil”.

El hecho de que las fuerzas armadas hubieran actuado sin protocolo alguno, recordó el ex gobernador, provocó más abusos a los derechos humanos que nunca, es por ello que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió diez recomendaciones generales a las Fuerzas Armadas.

El documento presume la responsabilidad criminal del Felipe Calderón por “comandar y movilizar a las Fuerzas Armadas mexicanas, sin respetar los requisitos constitucionales ni los tratados de Ginebra, propiciando que las tropas bajo su mando atenten contra la vida e integridad de las personas que no participan en las hostilidades, sujetándolas a tratos crueles, tortura y ultrajes contra su dignidad personal, imponiéndoles especialmente tratos humillantes y degradantes”.

Algunos datos:

  • Fatou Bensouda, la fiscal a quien va dirigido el documento, es abogado en Derecho Internacional, natural de la República de Gambia y fue asesora legal en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda
  • El Protocolo II de los Convenios de Ginebra (que México ha firmado) especifica que “Las personas que no participen directamente en las hostilidades deben ser tratadas con humanidad (incluyendo las personas militares que han dejado de estar activo como resultado de enfermedad, lesión, o detención)”. La Convención se aplica incluso si no ha habido una declaración de Guerra por parte del Estado –sin embargo, algunos servidores públicos ya habían manifestado que México se encontraba en un Estado de guerra.
  • El régimen de excepción es la manifestación de un mecanismo contemplado en las leyes mexicanas llamado “Estado de Excepción”. Este mecanismo se aplica cuando hay una perturbación grave del orden interno (guerras civiles, guerras exteriores, desastres naturales, etc.) y contempla la suspensión de las garantías individuales de los ciudadanos. El artículo 29 contempla:

“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de este, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde”.

  • Charles G. Taylor fue el primer ex mandatario en ser juzgado y condenado (por cincuenta años de cárcel) desde los juicios de Nuremberg (los juicios contra los nazis). El ex mandatario fue condenado por crímenes contra la humanidad y por haber ayudado y planeado miles de muertes en las guerras civiles de Liberia y Sierra Leona.

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