La Comisión Nacional de Derechos Humanos enfatizó hoy, Día Internacional del Agua, que estará al pendiente de la discusión de la Ley General de Aguas, con la finalidad de que las autoridades garanticen los derechos de acceso y saneamiento de la misma, confiando que en el proyecto de ley haya “un debate público, objetivo, plural, incluyente e informado, que dé voz y espacio a todas las partes interesadas” y que se observe en la elaboración de las normas los estándares internacionales, así como parámetros establecidos en el artículo primero Constitucional, en especial a lo concerniente en “los puntos de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos”.

Llamó a la observación por parte del Estado Mexicano, ante el hecho de que en la Ley General de Aguas permite la participación de particulares para dotar de este vital liquido a la población, por lo que indicó además que el acceso, disposición y saneamiento del agua son puntos del artículo cuarto constitucional, amén de varios documentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los informes de la Relatoría Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Señaló además que “Para que sea más tangible, tenemos que aspirar a una mayor tasa de progreso para los grupos desfavorecidos, de lo contrario no vamos a lograr el acceso para todos en el futuro previsible”

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Por otro lado y con referencia al Día Internacional del Agua, cerca de 200 personas protestaron esta mañana frente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para rechazar la aprobación de la Ley General de Aguas del 5 de marzo pasado en comisiones, ya que impone megaproyectos hidráulicos y la privatización del vital liquido. Con mantas y pancartas que colocaron en las rejas de dicho organismo los representantes de organizaciones ambientalistas, campesinas y ciudadanos señalaron que hay represión hacia los opositores de dichos proyectos, algunos están encarcelados como el Yaqui Mario Luna, que está en contra del Acueducto Independencia. Indicaron también que desde la creación de la Conagua en 1989, el organismo federal ha mostrado “un carácter autoritario en la administración del agua”, hay omisiones frente a la contaminación, favorece la sobreexplotación y fomenta los transvases, como el que planean hacer con el proyecto Monterrey VI.

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