El aborto es uno de los temas que más ha causado controversia en los últimos años, pues así como existen personas que luchan constantemente para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, hay otras pro vida vida que afirman que abortar es un delito. Y pues nada, luego por eso vemos noticias de gente que protesta usando bebés de juguete cubiertos de sangre para pedir que se salven las dos vidas.
Seguramente en alguna ocasión has escuchado a alguien decir cosas como “Para eso está el condón” o “Mejor que no abran las piernas”, dando a entender que eso va a erradicar el aborto (que debería ser legal, seguro y gratuito para quien lo requiera). Pero quien sin duda se voló la barda al hacer una propuesta para disminuir el número de abortos en Quintana Roo fue Sonia López, diputada independiente que planteó una iniciativa para que las mujeres que se sometan a un segundo aborto sean esterilizadas. WTF?!
Durante la sesión del pasado 13 de marzo, la también presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de Quintana Roo presentó una iniciativa para modificar varios puntos del Código Penal y de la Ley de Salud del estado, y aunque mencionó que estaba a favor de la no punibilidad del aborto y su realización dentro de instituciones de salud públicas con estándares de calidad altos y sin ningún costo, también pidió a las autoridades que sólo se le pueda hacer a las personas por motivos de violación, cuando el embarazo afecte salud de la madre o el bebé tenga malformaciones genéticas, y que obvio no se castigue si la mujer tiene un aborto accidental.
Sin embargo, Sonia también puso en un apartado en el que plantea la esterilización definitiva a todas aquellas mujeres que recurran abortar por segunda ocasión como “circunstancia económica grave o justificada”, con la que la mujer puede pedir un aborto si demuestra que no tiene cómo darle una vida digna y con el que no se le podría castigar penalmente. Es decir, para poder acceder a esto las mujeres tendrán que aceptar realizarse una esterilización, de lo contrario, el gobierno no estaría en obligación de prestar el servicio.
Al enterarse de esto la organización Marea Verde Quintana Roo solicitó al Congreso no escuchar esta propuesta, lo cual esperamos que de verdad suceda. Por otro lado, la CNDH de la entidad ya se pronunció al respecto y calificó esta medida como acción de castigo y que viola plenamente los derechos humanos. ¿Ustedes qué opinan de esta propuesta?