Una propuesta que seguro sí le gusta a todos los que echan en redes el ya clásico #AsíNo, cada que durante alguna manifestación por personas desaparecidas, violación a derechos humanos o cualquiera que sea la exigencia de justicia, se pintan monumentos de la CDMX.
El diputado local de la CDMX, Nazario Norberto, presentó hoy la propuesta de imponer trabajo comunitario a todo aquel que, durante una manifestación, dañe los monumentos públicos o privados que engalanan la Ciudad de México.
De acuerdo con el boletín emitido por la bancada de Morena en el Congreso de la CDMX, nomás va a ser tantito: serían 36 horas de trabajo comunitario para los infractores, si es que se consigue reformar la fracción V del Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica.
Trabajo comunitario no sólo por daño a monumentos…
En la propuesta del diputado Nazario Norberto se señala se impondría trabajo comunitario no sólo a quienes dañen monumentos, sino también fachadas de inmuebles públicos o de particulares, “sin autorización de éstos”.
Además, la iniciativa contempla proteger “postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato, mobiliario y/o instalaciones de los Servicios de Transporte de Pasajeros u otros bienes semejantes”. En resumen, toda la vía pública.
Durante el tiempo que estén realizando su trabajo comunitario, los castigados se encargarían de limpiar, pintar y, si se puede, hasta restaurar lo que hayan dañado… obviamente esto no aplicaría si el infractor echó una pinta sobre un monumento histórico, ya que el tratamiento sería realizado por un especialista (en teoría… nomás acuérdense del “Caballito”).
Ahh pero eso no quiere decir que el responsable de ese daño la libraría: “para el caso de daños a bienes muebles o inmuebles, estatuas o monumentos con valor histórico catalogados por el INAH o el INBA, se aplicarán las sanciones estipuladas en la Ley Federal en la materia”, indica la propuesta de Nazario Norberto.
La propuesta fue pasada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local.
