Luego de darle una checada al informe que presentó la comisión especial que estuvo en Sonora para determinar los daños que provocó el derrame de cuatro mil metros cúbicos de químicos sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, la Cámara de Diputados solicitó la suspensión de actividades de la mina Buenavista del Cobre, dada su responsabilidad y negligencia en el desastre ecológico.
No es para menos, ya que además de no aplicar los protocolos de protección civil correspondientes, la minera –parte de Grupo México– es responsable de tres tipos genéricos de costos: de mitigación y limpieza del daño; daños particulares a sectores agrícolas y ganaderos, así como en el consumo de agua en hogares, además de daños a recursos de la nación.
Por si fuera poco, se determinó que las afectaciones que provocó el derrame de sulfato de cobre, tendrán una repercusión que durará por varios años –no especificaron cuántos- y se podrán percibir en la calidad del agua, la salud de los habitantes, así como la economía de la región.
El informe que dio a conocer la Cámara de Diputados es todo un catálogo de daños que difícilmente pueden ser calculados. Por ejemplo, se estableció que la minera incurrió en delitos en materia ambiental que provocarán cambios adversos a la sobrevivencia, al crecimiento y reproducción de especies propias de las actividades agropecuarias de la región, a los procesos ecológicos de la zona, también afectará el hábitat físico y químico humano y de la biósfera… y además impactará de manera negativa en los servicios públicos, así como en la conducta, ingreso y composición de las comunidades.
Sobra decir que se determinó que Buenavista del Cobre “no puede ser considerada una empresa socialmente responsable”.
El informe de la comisión especial será presentado ante la Secretaría de Economía, a fin de exigir la cancelación de la concesión que goza Grupo México, empresa que gana 4.4 millones de dólares diarios “a costa de la pobreza de los sonorenses y de poner en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región”
Los diputados que exigieron que se retirara la concesión a Grupo México son: Cristina Olvera (Panal), Lilia Aguilar (PT), Alfonso Durazo (MC), Ximena Martel (Verde), Miguel Alonso Raya (PRD) y José Enrique Reina (PAN).
Los legisladores piden una:
«sanción ejemplar, penal, civil y administrativa (a la empresa y a los mandos directivos)»
Además de quitar el permiso para continuar operando, los diputados señalaron que Grupo México debe hacerse cargo de la totalidad de los daños, incuantificables aún, pero que debe fijarse “en el orden de miles de millones de pesos, considerando lo que dejaron de percibir los pobladores y añadiendo las indemnizaciones, las multas del orden administrativo que deberá pagar la minera, la responsabilidad civil y penal, así como las consecuencias en consumidores finales de productos de la región que hayan sido contaminados’’, sentenció el pleno.
Si ustedes leen nuestra entrada ¿Por qué el castigo contra la minera que contaminó el río Sonora es increíblemente ridículo? Verán que los castigos implementados a Grupo México eran mínimos y que tuvo la peor actitud para resolver el problema. Primero, no denunció el derrame, luego dijo que no era tóxico, después no mandó los recursos necesarios para limpiar (además de que minimizó en todo momento el daño que causaron los 40 millones de litros de ácido en el río, la falta de agua para la gente que vive ahí, la muerte de animales y las quemaduras que sufrieron las personas).
Esperemos que el castigo a Grupo México envíe un mensaje claro a todas las empresas en el país de que no se tolerará que se juegue así con la vida de los ciudadanos.
Recordemos que Grupo México tiene responsabilidad en varias tragedias y no ha cumplido su parte en resarcir los daños. Por ejemplo, en el 2006, una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos mató a 65 mineros. Sólo dos cuerpos fueron recuperados.
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