Familiares, amigos y abogados publicaron un el texto donde se denuncia la detención y el intento de desaparición de Jacqueline Santana López, estudiante de música y de Economía de la FES Aragón y Bryan Reyes Rodríguez, músico y maestro de flamenco.

Bryan es uno de los liberados de las detenciones arbitrarias del 1DMX, y había denunciado por redes sociales el hostigamiento y persecución que sufrían por parte de personas extrañas y que a las afueras de su domicilio se encofraban sujetos armados y con radiocomunicadores.

Ante tal hostigamiento determinaron mudarse, pero antes de que lo hicieran, mientras se dirigían a hacer compras, fueron interceptados por 20 sujetos que, en el texto afirman, son miembros de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Policía Federal, Comisión Nacional de Seguridad. Dichos elementos los privaron de la libertad.

En el momento los jóvenes gritaron que estaban siendo secuestrados, por lo que un elemento de la policía capitalina anotó las placas de uno de los automóviles a los que los subieron-. Ante esto, uno de los agresores se identificó como miembro de la Policía Federal para zanjar la situación.

El convoy que tenía a los chicos secuestrados siguió su camino, pero fue interceptado por una camioneta de la Policía preventiva del Distrito Federal. Los agentes federales se bajaron se sus vehículos y dijeron que estaban en medio de una operación. Para ese momento su operativo era bastante escandaloso y estaba siendo observado por docenas de testigos.

Los policías llevaron a los estudiantes a un MP en la Fiscalía Desconcentrada de Venustiano Carranza de la PGJ del Distrito Federal y los acusaron de robo a transeúnte, arguyendo que ellos habían asaltado a la agente de la Policía Federal Lidia Zarate Herrera con dos cuchillos y que le habían quitado 500 pesos. El delito es considerado grave, así que no hay libertad bajo fianza.

La defensa de los jóvenes pidió que se hicieran pruebas (para mostrar que ellos nunca habían tocado los cuchillos que los federales presentaron como pruebas, ni el dichoso billete de 500 pesos) en los cuchillos y el billete y que se revisaran las cámaras en donde se supone que sucedió el robo. Pero antes de que terminara el proceso, la autoridad ministerial recibió la orden del Jefe de Gobierno y el procurador Rodolfo Ríos, de que se soslayen las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los detenidos y que los consignen a uno al Reclusorio Varonil Norte y a la otra al Reclusorio Femenil de Santa Martha.

En el MP los jóvenes fueron interrogados sobre una publicación que hicieron en Facebook en la que informaban sobre la detención de un compañero suyo llamado Julián Luna y otras personas que tenían en una lista cuya línea de investigación incluía activista que asisten a las asambleas del auditorio Ché Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras.

Además sustrajeron el chip del celular del joven Bryan para tener acceso a sus contactos, mensajes y redes sociales.

Al final se dice que estos hechos fueron denunciados pero la autoridad correspondiente los ignoró. Por lo cual se pide que se explique esta situación y se sospecha si las autoridades han comenzado una ofensiva agresiva en contra de los activistas y los movimientos sociales.

También se exige su liberación.

Aquí pueden leer el documento:

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