¿Y todavía se preguntan por qué la gente no confía en la justicia mexicana?
Calculados en un período de 12 años –de 2000 a 2012- el 93% de los delitos cometidos en nuestro país quedaron impunes; lo que quiere decir que por cada 100 denuncias interpuestas, sólo siete de ellas tuvieron sentencia condenatoria.
Lo anterior se revela en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, con base en cifras de la propia Procuraduría General de República donde se tienen contabilizadas alrededor de 19.9 millones de denuncias en el periodo señalada, de las cuales sólo 1.4 millones tuvieron una sentencia.
Entre las muchas razones por las que falla el sistema de justicia mexicano, la Procuraduría comenta que “se advierten deficiencias en la integración de una política pública criminal incorporada a la función de perseguir e investigar los delitos. Esto se observa en cada una de las etapas del proceso penal y los procedimientos que lo integran, es decir, desde la presentación de denuncias, la integración de las averiguaciones previas, las consignaciones y las sentencias condenatorias”.
Con todo este cúmulo de errores, el 93% de los delitos de robo a casa o vehículo, homicidio, secuestro, violaciones sexuales, extorsiones, etcétera, cometidos en los últimos 12 años quedaron en la completa impunidad… y a eso hay que sumarle los casos no denunciados, ya que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 92.1% de los ilícitos no son reportados ante las autoridades.
A todo esto la PGR admite que “el bajo índice de denuncias por la comisión de delitos, así como los obstáculos y costos para el avance y eficacia en cada etapa del proceso de investigación de los delitos en ambos niveles, se ha traducido a lo largo de los años en impunidad”.
El panorama se ve muy negro y no pinta para mejorar mucho, ya que la PGR señala que para el 2018 pretende que la impunidad disminuya sólo un esforzado 1%. Para este logro marcado en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 se quiere elevar de 58.6% a 59.7% el número de averiguaciones previas que terminen en condenas; además se pretende que las órdenes de detención se cumplan con mayor rigor: de 33.5% a 37.5%.
*Vía Reforma