Entre 2005 y 2014, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos advirtió los nexos que 19 gasolineras mexicanas guardaban con el crimen organizado.

De acuerdo con los servicios de inteligencia estadounidenses, aquellas estaciones han servido principalmente como fachada para hacer lavado de dinero a miembros del Cártel de Sinaloa y a Rafael Caro Quintero.

De ellas, al menos 9 siguen operando y conservan su franquicia de Pemex y, al 31 de enero de 2015, continuaban apareciendo en el Directorio de Estaciones de Servicios y Estaciones de Autoconsumo de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con una investigación que Daniela Guazo hizo para

El Universal.

El 90% de estas gasolineras se encuentran en Jalisco o en Sinaloa. Por si fuera poco, cuatro de ellas fueron sancionadas recientemente por Profeco por vender litros incompletos. Esta semana se dio a conocer que en México, 7 de cada 10 gasolineras engañan al consumidor.

De acuerdo con Alberto Elías Beltrán, director de la Unidad de Implementación de la Ley Antilavado de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia de Hacienda ya se encuentra recabando pruebas para levantar una denuncia sólida ante la PGR. Sin embargo, la construcción de los casos parece estar tomando mucho, realmente mucho tiempo.

Entre estos negocios se encuentran algunos cuya franquicia durará hasta 2024. Las investigaciones de la inteligencia estadounidense tienen la intención de identificar las fuentes de recursos de las que podrían disponer los criminales, especialmente los pertenecientes a organizaciones. Aunque se ha dado aviso a las autoridades mexicanas con lujo de detalle, éstas gasolineras siguen operando.

En ocasiones, las sucursales se registran con dos o más nombres ante distintas instancias, de suerte que puedan evadir algunos de los obstáculos que representa el estar fichadas por las autoridades estadounidenses.

Por supuesto, la existencia y vigencia de estos negocios, aunada al hecho de que el 70% de las gasolineras del país cobran de más a sus clientes abre serias preguntas: ¿hasta qué punto son los estándares de las concesiones de Pemex seguros?, ¿cómo es que estos negocios burlan tan fácil a las autoridades fiscales?, ¿de qué grado son las pérdidas para las finanzas públicas generadas los negocios sucios de las gasolineras?

Definitivamente, la ahora estéril Reforma Energética debió acompañarse de una actualización y mejoramiento de las políticas de vigilancia sobre el funcionamiento de los negocios relacionados con Pemex y no sólo con el supuesto órgano anticorrupción que vigila a los titulares y directivos más importantes.

@plumasatomicas