Ya pasaron 4 años de gestión de Enrique Peña Nieto y las cifras que ha dejado detrás de él son similares al rastro de un huracán; sí, muerte y destrucción.
Uno de los puntos que omitieron los acarreados jóvenes que se encontraron con Peña en su talk show Cuarto Informe de Gobierno, fue la cifra de ejecuciones que ostenta la presente administración.
Las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación indican que en estos primeros cuatro años del regreso tricolor a la silla presidencial, se iniciaron 63 mil 816 expedientes judiciales relacionados con muertes violentas – esto sin contar las denuncias no realizadas por miedo -.
Es una labor titánica estimar una cifra cercana a la realidad sobre el número de muertes en todo el territorio nacional, y la misión se complica más cuando el Gobierno Federal se empeña en ocultar y maquillar cifras.
Esto tampoco se cuenta…
Un cálculo realizado por el semanario Zeta, basado en una comparativa entre censos del INEGI y reportes en procuradurías estatales, indica que la cifra ejecuciones supera los 78 mil.
Espera, ¿qué?
Tomemos un momento para dimensionar que más de 78 mil personas murieron de manera violenta en solo cuatro años. (Mientras la familia presidencial se pasea por el Palacio de Buckingham, por poner un ejemplo).
El semanario también hace un estimado sobre las muertes en las distintas entidades, dando los siguientes resultados:
- Estado de México – 1,326
- Guerrero – 1, 267
- Chihuahua – 771
- Jalisco – 723
- Sinaloa – 698
- Baja California – 660 (de los cuales 490 homicidios ocurrieron en Tijuana)
- Ciudad de México – 654
- Michoacán – 643
- Veracruz – 606
- Tamaulipas – 605
Por otro lado, el Semanario Zeta contabilizó 83, 191 ejecuciones durante los 6 años de Presidencia de Felipe Calderón. De mantener este ritmo de ineptitud, Enrique Peña Nieto registraría alrededor de 130,000 muertes al término de su mandato.
Y sin guerra contra el narco.
A todo esto el Gobierno Federal se ha limitado a informar:
“México ha enfrentado una problemática de violencia y delincuencia en diversos estados y regiones del país, ocasionada por el crecimiento de las capacidades logísticas y operacionales de grupos delincuenciales y consecuencia de la fragilidad de las instituciones y el debilitamiento del tejido social”
O sea, la culpa es compartida…