Para quienes lo extrañaban, les avisamos que Joaquín El Chapo Guzmán nuevamente volverá al penal federal del Altiplano, después de pasar los últimos meses en una prisión federal de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Lo anterior después de que el Juez Sexto de Distrito de Chihuahua, Héctor Manuel Flores Lara, le otorgó el amparo 384/2016 a El Chapo, por considerar que su traslado del Altiplano a Ciudad Juárez ocurrido el pasado 7 de mayo se efectuó sin que hubiera alguna autorización judicial de por medio.
José Refugio Rodríguez Núñez, abogado defensor del capo, señaló:
“El amparo se concedió para efectos de que se declaren nulos los oficios en base a los cuales fue trasladado del Altiplano a Ciudad Juárez y, como consecuencia de ello, se le regrese al Altiplano.
Y si insisten en la actitud de quererlo cambiar de prisión, deberán presentar una solicitud ante un juez de control y de ejecución de sanciones”.
En el 2011 entró en vigor una reforma al artículo 18 constitucional que le permite a los internos promover amparos si son transferidos de un penal a otro sin que haya una autorización judicial pues las autoridades penitenciarias federales carecen de facultades para hacer movimientos de reos procesados de manera autónoma.
“No pueden ser cambiados de prisión, tomando en cuenta que es un derecho humano del gobernado estar a disposición del juez que lo va a juzgar”
… apuntó Rodríguez Núñez.
Y entonces ¿por qué en el traslado de un reo tan importante como El Chapo se pasó por alto este importante detalle?
Es importante señalar que si bien esta resolución favorece a Joaquín Guzmán, su efecto no será inmediato, es decir, El Chapo no volverá tan pronto al Altiplano pues las autoridades federales todavía pueden pedirle a un tribunal colegiado una revisión de la sentencia de amparo. El fallo final tardaría al menos dos meses.
Entre intentos por escabullirse de la autoridad y de los cárteles rivales, sus locas fugas y los traslados de prisión, parece que el líder del Cártel de Sinaloa viaja más que la mayoría de nosotros.