Según autoridades y especialistas, si algo son muestra Guerrero y Acapulco es de cómo fue legalizado un desastre urbano (tristemente, no creemos que sean el único ejemplo en el país).
El titular de la Secretaría de desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que en ese Estado se cuenta con instrumentos para regular la urbanización, como el Plan de Desarrollo Urbano y el Atlas de Riesgo, pero los responsables del desarrollo urbano (empezando por los funcionarios) se los pasaron por el Arco del Triunfo y, de todos modos, hubo asentamientos en zonas vulnerables ya que había forma legal de «justificarlos».
El funcionario dijo en el foro «Reforma Urbana, urgencia de seguridad nacional»:
«Es una historia del desastre legalizado, una historia que legaliza la incorrección, pues Guerrero tiene desde 1998 un Plan de Desarrollo Urbano que modificaron en 2001, producto de un desastre natural como fue el huracán “Paulina”.
Entonces, lo que era una obligación se volvió potestativo. Hicieron uso de las facultades que tenían y un artículo que exigía la no construcción se cambió porque sólo se aceptaría cuando fuera de evidente beneficio para la metrópoli»
A través de este ajuste, se promovió la construcción de 98 desarrollos regulares y una cantidad, que aún está por cuantificarse, de asentamientos irregulares.
Según Reforma, tan sólo en Guerrero los fenómenos meteorológicos que azotaron a nuestro país en semanas pasadas, dejaron un total de 10 mil 480 viviendas dañadas, de las cuales 2 mil 500 tendrán que ser reubicadas y 5 mil deberán ser reconstruidas en su totalidad (hablamos de más de 10 mil familias que no tienen hogar).
Pero esto sólo es Guerrero, «Ingrid» y «Manuel» azotaron todo el país ¡Imagínense la cantidad de viviendas y familias afectadas!
La Investigación del Reforma estas semanas ha mostrado que el desastre en Acapulco se debió, en parte, a la corrupción de autoridades que solaparon la construcción de viviendas en zonas de riesgo, sin obras pluviales y sin respetar las normas ecológicas (Además, aquí mismo, les presentamos el caso de la Autopista del Sol).
Según el titulas de la Sedatu, se está haciendo una investigación profunda para determinar las responsabilidad e identificar a detalle cada una de las infracciones en las que se incurrió al permitir la construcción de estos desarrollos inmobiliarios.
Para el funcionario es necesaria una ley de urbanización lisa y llana que diga sin temor lo que está permitido y lo que no se autoriza.
«Se ve que el Municipio cambió los uso de suelo o por una forma económica les autorizó las licencias y eso tiene que ver con dos cosas: con la falta de conocimientos y con corrupción»
Y entre más escarban más sale a la luz lo poco que le interesa a algunos políticos y empresarios la seguridad de los ciudadanos 🙁 .