Este lunes, directivos de TV Azteca, la empresa de Ricardo Salinas Pliego, presentó una denuncia ante el Instituto Federal en Telecomunicaciones (Ifetel) para que el órgano revoque la concesión que otorgó a Dish, propiedad de Carlos Slim Joaquín Vargas. El berrinche argumento es que la empresa de televisión privada toma sus señales “de manera furtiva” (o sea, sin permiso), por lo que demanda la intervención de la autoridad para corregir el asunto.
Esta representa sólo la más reciente de las disputas que Dish ha mantenido con las empresas de televisión abierta de México. Los conflictos se remontan al momento en que Carlos Slim decidió incursionar en el negocio del servicio de TV por paga, pero alcanzó su punto más alto cuando, en el marco de la reforma en telecomunicaciones, la administración decidió que las señales que tuvieran más de 50% de cobertura en el país debían ceder su transmisión a las empresas de televisión privada.
Aunque la medida entró en vigor en septiembre de 2013, las leyes secundarias que detallarían su aplicación no han sido redactadas todavía, pese que la fecha límite de su publicación era el 9 de diciembre del año pasado. La falta de legislación secundaria da lugar a una gran oscuridad para interpretar las disposiciones de la reforma constitucional.
Con todo, Peter Bauer, apoderado legal de Dish, afirmó que es imposible una lectura diferente de lo establecido por la ley: “La retransmisión de señales con más del 50% de cobertura en el país era obligatoria”, dijo a CNN. Según TV Azteca, aunque la gratuidad y la obligación de ceder los derechos no se pone en duda, ello implica ciertas condiciones que Dish no cumple.
Más allá de esta absurda discusión, la legislación en torno al tema se vuelve cada vez más urgente. Basta recordar que la prometida tercera televisora pública aun no está en el panorama y que, según la corta discusión que se ha mantenido al respecto, Los tiempos en los que la reforma en telecomunicaciones prometían el fin de los monopolios parecen cada vez más lejanos. Hoy, los mismo gigantes siguen siendo los únicos en el juego, y sus disputas siguen sin generar competencia de fondo.
¿Cuál será el futuro de la legislación secundaria del resto de las reformas?