El conflicto entre jornaleros de San Quintín frente a empresarios y autoridades de Baja California no cesará hasta que se cumpla con el pliego petitorio de los trabajadores en paro. Esta es la posición que sostienen los cientos de campesinos de la región, indiscutibles víctimas de la explotación laboral agrícola que predomina en al menos 19 estados de la república.

El 24 de abril, el vocero oficial de la Alianza Nacional de Organizaciones por la Justicia Social del Valle de San Quintín, Fidel Sánchez, anunció que, tras cuatro horas de reunión con autoridades y representantes del gobierno de la república, el problema no había quedado resuelto. Esto contrastaba con el anuncio que hiciera el gobernado del estado, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, que presumía los aumentos salariales de entre 15 y 40% ofrecidos por los empresarios.

El salario actual de los trabajadores es de 110 pesos por jornadas que llegan a alcanzar las 14 horas. Aunque algunos empleadores han hechos aumentos, ninguno satisface la petición actual de 200 pesos y mucho menos la exigencia original de 300.

Tampoco han hecho algo por cumplir la petición de comprar en 20 pesos la caja de fresas recolectadas, frente a los 10 actuales, ni la de otorgar prestaciones de ley como seguro social, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional o reparto de utilidades, ni tampoco la de tomar medidas que garanticen que las mujeres de la región no sea acosadas ni abusadas por los empleadores.

“Nosotros ya cumplimos con lo que teníamos que cumplir. [Satisfacer el pliego] no es ni siquiera facultad del Estado”, diría el gobernador más tarde.

Tal y como lo anunciaron, los trabajadores en paro han buscado el apoyo de organizaciones obreras y sindicales de Estados Unidos para iniciar un boicot económico en contra de las empresas que los contratan bajo condiciones precarias. La idea es evitar se compren productos de un grupo “enriquecido gracias a la explotación”, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

El llamado ha recibido una inesperada respuesta positiva por parte de trabajadores y empresas estadounidenses.

“Que los agricultores sientan lo mismo que estamos sintiendo. Esto no es un juego, ya empezó a caminar, va a depender de los productores, del gobierno, haremos saber al mundo la procedencia de lo que están consumiendo y el salario que tenemos aquí en San Quintín”.

Aquel 24 de abril, el gobierno del estado acordó una tregua de 15 días con los trabajadores. La pregunta suspendida en el aire es, por supuesto, qué va a pasar:

“Entonces, ¿qué esperan que suceda dentro de 15 días?”, le preguntan a Fidel.

“Yo diría qué esperan ellos que suceda dentro de quince días… ellos sí tienen que comer diario, tienen un buen salario, pueden aguantar hasta el próximo año para darle solución de fondo al problema… nosotros no, nosotros queremos una solución urgente. “¡Que ellos esperen la respuesta de aquí a quince días!”, responde.

Entre tanto, en las trincheras de la lucha laboral que ha captado la atención del país entero, no se oye sino un silencio como el que precede a las tormentas.

@plumasatomicas

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