Dentro de 52 días se realizarán elecciones para gobernador en Coahuila, Estado de México y Nayarit, tres entidades marcadas históricamente por el hierro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los primeros dos estados no han conocido la alternancia política en toda su historia, mientras que Nayarit —apenas— vivió un periodo de transición entre 1999 y 2005, cuando la coalición conformada entre Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT) logró arrebatarle el dominio de la región a los priistas. El actual proceso electoral está marcado por la detención de Édgar Veytia, exprocurador general de la entidad, acusado de tráfico de drogas y por colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación. El arresto del otrora fiscal de Nayarit ha impulsado la guerra de declaraciones entre los candidatos a la gubernatura.
Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, y Ricardo Anaya, su homólogo panista, se tiraron la pelotita sobre el caso Veytia el pasado 10 de abril. El llamado Niño Maravilla pidió una investigación contra los candidatos del partido tricolor y sus campañas, además de abundar en los nexos criminales del fiscal detenido en San Diego, California. Ochoa Reza contestó que Antonio Echevarría, candidato panista a la gubernatura de Nayarit, es quien debería ser investigado dado a su presunta relación cercana con Édgar Veytia, quien de acuerdo con el dirigente priista nunca ha sido militante de la organización política. Ochoa Reza presentó un video en su cuenta de Twitter donde se puede escuchar a Echavarría agradeciendo la labor del fiscal para bajar los índices de inseguridad. De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, el poder de Veytia era tal que no rendía cuentas a nadie. El Observatorio Nacional Ciudadano lo acusó de maquillar cifras de delitos de alto impacto, no obstante, su denuncia fue ignorada.
¿Una inverosímil historia de éxito?
A la turbulenta situación de las elecciones en Nayarit se suman las acusaciones contra el priista Roberto Sandoval, actual gobernador de la entidad, quien vio crecer exponencialmente su patrimonio durante su administración. El autodenominado “candidato de los campesinos” —mote que utilizó durante su periodo de campaña— se hizo de varios ranchos, casas y terrenos en su entidad, además de caracterizarse por tener cientos de cabezas de ganado, criar y coleccionar caballos pura sangre. El enriquecimiento del gobernador Sandoval, quien se ha asumido públicamente como un hombre de origen humilde, tablajero, y que trabajó como ilegal en Estados Unidos, es inexplicable. Más aún si se toma en cuenta su percepción salarial: 120 mil 044 pesos al mes. Por lo mismo, legisladores federales del PAN y PRD han pujado para que el gobernador nayarita pida licencia de su cargo y sea investigado.
De acuerdo con el diario El Financiero, la nula rendición de cuentas y la opacidad respecto a la adquisición de sus bienes no es el único problema que enfrenta el gobernador Sandoval. La publicación asegura que fuentes de seguridad de Nayarit les confiaron que el fiscal Veytia ya le preparaba un regalito a Roberto Sandoval antes de que fuera detenidos: la casa donde Juan Francisco Patrón Sánchez, alias El H2, fue abatido por elementos de las Fuerzas Armadas el pasado 10 de febrero. La investigación del periódico indica que el hombre del gobernador ya había iniciado el trámite para obsequiarle al mandatario estatal el lujoso domicilio de tres plantas, dos cúpulas y patio con una alberca en la colonia Lindavista.
Un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit —cuya identidad no fue revelada— relató al diario que el objetivo del ostentoso detallito “era que el gobernador continuara dándole ‘manga ancha’ para sus negocios, sobre todo por las presiones sobre su actuación, que venían del gobierno federal, del Ejército y de la Marina”.
Más malos manejos en Nayarit
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presentó un reportaje titulado La fraternidad que se apropió de obra pública en Nayarit en el que se revela cómo un grupo de funcionarios de la administración de Roberto Sandoval otorgaron contratos para realizar obra pública a empresas creadas por ellos mismos o en donde algunos de sus amigos, socios o familiares se encontraban involucrados. De acuerdo con la investigación, de esta manera los servidores públicos se hicieron de —al menos— 120 millones de pesos. ¿Cómo se adjudicaban los contratos? MCCI indica que estos funcionarios primero constituían una empresa, luego concursaban para ganar la licitación y, finalmente, ellos mismos decidían quién era el ganador del concurso. Entre los señalados por la organización se encuentran:
1.- Gianni Ramírez, secretario de Obras Púbicas.
2.- Juan Ignacio Ávila Ruíz, exsubsecretario de Obras Públicas.
3.- Fred Alberto Bernal Aguirre, exdirector de Infraestructura Urbana y Vial.
4.- Luis Arciniega Alvarado, exdirector de Construcción y Mantenimiento.