Por primera vez desde que comenzó la llamada guerra lucha contra el narcotráfico, por ahí del 2007, emprendida por Felipe Calderón, se da la primera sentencia de este tipo en contra de un miembro del Ejército mexicano.
Se trata de una condena de 31 años de prisión en contra de un subteniente de Infantería quien fue acusado de desaparición forzada. El delito habría ocurrido en 2012 en el municipio de Los Herreras, Nuevo León. Aunque en el comunicado emitido por el juzgado se omitió tanto el nombre de la víctima –la cual hasta hoy continúa desaparecida- como la del responsable, La Jornada señala que el nombre del sentenciado es Danny Hernández Sánchez, técnico en administración militar, egresado en 2002 de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea.
El encargado de emitir esta sentencia, una de las primeras en aplicar el criterio emitido en 2012 por la SCJN para crímenes cometidos por militares contra civiles, fue el juez Eustacio Esteban Salinas Wolberg. Además de tener que chutarse 31 años y tres meses tras las rejas, el militar fue destituido de su cargo e inhabilitado por 15 años para desempeñarse en el servicio público… aunque todavía tiene chance de impugnar la condena.
Según el Consejo de la Judicatura Federal, la sentencia dictada por Salinas se debió a la “grave afectación o peligro a los bienes tutelados, a saber, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito; así como el ámbito de protección a los familiares”, señalados como víctimas indirectas “por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr información sobre el paradero” del desaparecido.
Aunque condenado, el militar responsable fue deslindado del Ejército, es decir, se aclaró que la conducta del subteniente fue “aislada”, ya que va en contra del “espíritu de protección y salvaguarda del Ejército mexicano”. De hecho, se aseguró que lo cometido por el militar también fue en perjuicio del Ejército de México, el cual “desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas”. Claro, para emitir su resolución, el juez también tomó en cuenta el que desde 2012 los familiares de la víctima no saben nada de la víctima, así que no han podido acceder a la verdad.
Tan sólo en Nuevo León existe el registró de por lo menos mil personas desaparecidas, esto desde que inició la “guerra contra las drogas”, según datos de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en NL. Entonces, ¿se hizo justicia?