El día de hoy, el congreso de Puebla pasó una ley que permite el uso de armas mortales por parte de los policías para enfrentar a manifestantes. Con esto, Puebla se convierte en una entidad más del país que regula las protestas, junto a Chiapas y Quintana Roo.En Oaxaca, Jalisco y el DF se discuten iniciativas.
La nueva ley permitirá el uso de armas de fuego a elementos de seguridad para dispersar una manifestación fuera de control. En efecto, lo que permite la ley es la sustitución de planes de contingencia y organización de la seguridad por el uso de la fuerza mortal para enfrentar una gran protesta, lo que tan solo revela la falta de imaginación por parte de las autoridades, que parecen preferir las estrategias de reacción a las de prevención.
La ley, aprobada sin una discusión suficiente en el congreso estatal, usa términos de lo más oscuros e imprecisos para clasificar las manifestaciones. “Ilícitas”, “ilícitas no violentas” y “violentas” son las categorías en las que puede caer una protesta “para efectos de control”, sin detallar en ningún momento los criterios que debe cumplir cada una, ni las características que un elemento de la seguridad pública debe reconocer al momento de decir ante qué “clase” de manifestación se encuentra.
¿Qué dice la ley?
La iniciativa aprobada, que lleva por nombre “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del estado”, contempla en su artículo 44 el uso de armas de fuego para policías siempre que se encuentren en posición de “preservar la vida” o “evitar afecciones a la integridad física graves, de los elementos policiales o de terceros”. Los oficiales deberán “evitar que el accionamiento de las armas de fuego ponga en riesgo a personas distintas al agresor”.
Los elementos de seguridad deberán seguir un protocolo antes de usar armas mortales. En el artículo 9 se contempla que, en primer lugar, se deberá usar la “persuasión o disuasión verbal”, esto es, se deberán usar “gesticulaciones, instrucciones, advertencias y órdenes verbales moduladas que permitan a la persona facilitar al elemento policial cumplir con sus funciones”.
En segundo lugar, y siempre que ésta herramienta verbal no funcione, se procederá al “sometimiento mediante acciones físicas”, con la intención de limitar los movimientos de una persona. En tercer lugar se procederá al uso de “armas incapacitantes no letales” contra agresores violentos y sólo en último lugar “armas de fuego o de fuerza letal”.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, dijo que la ley no era una licencia para reprimir, sino una “acotación” de la actividades policiales para defender la libertad de expresión.
Por su parte, varias organizaciones sociales y sindicatos advirtieron que promoverán amparos ante el Poder Judicial y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues consideran que la ley es un atentado contra la libertad de expresión.
¿Qué podemos señalar ante una ley así?
En primer lugar, podemos criticar que parte del supuesto de que los oficiales están absolutamente entrenados y capacitados para reaccionar racionalmente con el uso de armas mortales sólo en “condiciones que así lo ameriten”. Sin embargo, si a un nivel legislativo tales condiciones no están debidamente especificadas, ¿cómo podrían ser distinguidas por los propios elementos de seguridad o sus capacitadores?
Partir de un supuesto ideal como aquel, vale tanto como promulgar que no haya manifestaciones, situación en la que idealmente tendríamos que encontrarnos, pues nada debería fallar en la administración pública. Con esta crítica no queremos decir que no deban ser promulgada leyes por que sea imposible garantizar las condiciones ideales de su su cumplimiento, sino que se deben aprobar aquellas para las que existen condiciones mínimas de aplicación conforme a derecho.
En segundo lugar, una ley de esta naturaleza debería tener un enfoque preventivo, en lugar de ahondar en el tipo de armas que pueden usarse en una situación fuera de control. La ley debería ser mucho más rica en medidas que permitan mantener el control sobre una marcha, siempre bajo la premisa de no impedir el ejercicio de ninguno de los derechos de los participantes. Sí, contar con un plan para retornar al orden, pero la permisión del uso de armas de fuego no es ningún plan por sí mismo. Además, el plan debe ser mucho más rico que la serie de pasos que van de advertir verbalmente a disparar contra alguien (observación, dicho sea de paso, de puro sentido común).
En tercer lugar, el uso de armas de fuego en un contexto caótico no suena como lo más sensato… es decir, ¿en serio se desea introducir armas mortales en el más oscuro e indeterminado de los escenarios de violencia para recobrar el orden?, ¿qué es lo que garantiza que puedan ser usadas bajo criterio, si su uso se contempla sólo para escenarios en los que la situación ha salido de orden? Evidentemente, no queremos sugerir que deberían ser usadas antes, sino que no deberían ser usadas como mecanismo anti-desorden.
En cuarto lugar, la portación de armas en elementos policiales resulta intimidatorio y amenazante para los manifestantes. Ciertamente, lo primero que viene a la cabeza es el ya típico “el que nada debe, nada teme”. Sin embargo, es evidente que si esto fuera cierto, no existiría ninguna clase de abuso de autoridad, corrupción, o malos entendidos de identidad. Una sola manifestación legítima (cosa que, independientemente de nuestra opinión en torno a cualquier manifestación particular, debe existir) ya es prueba suficiente de que la frase “el que nada debe, nada teme” no es la regla imperante, pues el objetivo de las protestas es exigir que el Estado busque hacer realidad esta máxima cuando no es aplicada.
Otros estados
La legislación en torno a la manifestación está en la agenda de varias entidades. En Quintana Roo, fue aprobada a comienzos de este mes una ley que impide los asentamientos en espacios públicos, pero no las marchas. Fuera de esta prohibición polémica y discutible, existen puntos de la ley que son aún más oscuros de los establecidos en la de Puebla. Así, el texto advierte que la administración “tomará las medidas necesarias” si durante las protestas “se altera el orden público o se produjeran actos de violencia”. De un texto tan ambiguo a su ausencia, hay sólo un paso llamado amenaza.
En Chiapas fue aprobada una iniciativa del gobernador, Manuel Velasco Coello que, al igual que la de Puebla, permite el uso de armas letales tras una serie de advertencias y uso de armas no letales. Por cierto, Manuel Velasco es ese gobernador que violó las normas de propaganda política de su estado al poner propaganda de su gobierno hasta en el DF.
En los congresos de Jalisco y Oaxaca, donde se han registrado fuertes manifestaciones en los últimos años, existen también iniciativas. La propuesta panista en Jalisco busca prohibir las manifestaciones en sitios considerados “patrimonio público” o “Monumento histórico”, lo que representa un dispositivo muy útil para las autoridades a la hora de proteger las plazas principales de la entidad contra protestas. En Oaxaca, la iniciativa también panista busca criminalizar a quienes cubran su cara durante una manifestación, al tiempo que dota a los elementos de seguridad de varias herramientas, incluyendo armas letales.
En la Ciudad de México, también han sido lanzadas iniciativas para legislar en contra de las manifestaciones. 4 de 5 ha sido presentadas por el PVEM. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha concluido que ninguna es compatible con los estándares internacionales de derechos humanos y ha señalado que están inspiradas en legislaturas de países que tampoco suscriben muchos de los tratados internacionales, tales como Rusia, Venezuela y Estados Unidos.
El país se encuentra en un escenario particularmente inestable: atraviesa una serie de reformas estructurales y vive un estado de violencia sin precedentes, estado que se debe, en parte, a la ineptitud del gobierno federal y de diversas entidades para generar planes de seguridad efectivos. ¿Estamos dispuestos a dejar en manos de quien ha demostrado ser ineficiente al ofrecer seguridad un aumento en la administración de la violencia?