¿Qué está pasando que a todo le quieren cambiar de nombre?… bueno, seguramente implica mucho más que eso.
Como se había advertido desde hace algunos meses, con la aprobación de la reforma político electoral comenzarían una serie de cambios de los que no muchos estamos seguros que traen consigo. Ya tuvimos la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE) –ahora tenemos al Instituto Nacional Electoral (INE)– y parece que le toca su turno a la Procuraduría General de la República (PGR)–, que –según propuesta de Peña Nieto– cambiaría a Fiscalía General de la República (FGR).
“La iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía pretende crear una institución moderna, autónoma, independiente y técnica para llevar a buen puerto la implementación del Sistema de Justicia Procesal Acusatorio, en un contexto de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos de todas las personas, como particularmente del imputado y de las víctimas del delito”, señala el documento que el Ejecutivo entregó a la Cámara de Diputados.
La iniciativa de EPN –uno de los principales puntos de la reforma a la Constitución en materia político-electoral– ya fue turnada a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Transparencia y Anticorrupción… pues de menos para que dé su opinión al respecto. Aunque parece que ya todo está cocinado, ya que hasta el impacto presupuestal se tiene contemplado y de él se le ha dado conocimiento a Hacienda.
Según se ve, con el cambio de PGR a FGR, la nueva Fiscalía contará con un órgano que se encargue exclusivamente del combate a la corrupción, pero más importante, que la nueva institución tendrá autonomía constitucional, siendo que su predecesora –la PGR– se apega al gobierno federal.
Otro cambio será la forma en que se designa al titular de la institución: Murillo Karam –quizá el último procurador que tendremos– fue propuesto por el presidente y ratificado por el Senado, ahora será el Senado quien propondrá a 10 personas que se llevarán la corona, de ellas sólo tres pasarán a la siguiente etapa –a elección del presidente– y esta terna tendrá que pasar difíciles pruebas –una de ellas, la del traje de baño– para que finalmente el Senado decida quién será el fiscal general, personaje que podrá durar en su cargo hasta nueve años y cuya remoción sólo se daría por “causas graves” como pasarse por el arco del triunfo la Constitución, perder la nacionalidad mexicana o tener una incapacidad “total o permanente” para ejercer su cargo por seis meses.
“El objetivo de este trascedente cambio es modificar el término de Ministerio Publico (MP), por el de Fiscal, en congruencia con la nueva concepción que debe asumir esta institución de cara al sistema de justicia penal acusatorio, con una nueva estructura orgánica y funcional”, es decir, se da “particularmente a partir de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de junio de 2008, que incorporó en México el Sistema Penal Acusatorio, coloquialmente conocido como de Juicios Orales“. En la nueva institución “el Fiscal se erige como un verdadero órgano de acusación y de conducción jurídica de la investigación del delito, bajo el principio de objetividad, eficacia y autonomía técnica”, señala la revista especializada Foro Jurídico.
De acuerdo a las negociaciones que hicieron los partidos, el cambio de PGR a FGR se dará hasta después de que Peña Nieto deje la silla presidencial, es decir, hasta 2018… pero legalmente podría ser antes.
Entre las facultades que tendrá la Fiscalía está el investigar delitos federales, emitir órdenes de búsqueda y localización de personas extraviadas, promover el uso de otras alternativas para resolver controversias y solicitar a los jueces órdenes de aprehensión o de intervención de comunicaciones.
Además, se plantea que el fiscal general participe en la creación de la Estrategia Nacional de Seguridad, entregue anualmente un reporte de actividades al Congreso y al Ejecutivo. Respecto a cómo será conformado el personal de la institución, se indica que éste tendrá que pasar periódicamente por exámenes de confianza “en los términos del modelo institucional de evaluación, certificación, desempeño y competencias profesionales que para tal efecto haya aprobado el fiscal general”.
El documento que fue entregado a la Cámara de Diputados, también contempla cambios en las leyes de la Administración Pública Federal y la del Poder Judicial de la Federación, pero ésa es otra historia.