A cinco años del desastre en los ríos Bacanuchi y Sonora, el saldo de la minera Buenavista del Cobre —filial de Grupo México— sigue sin cerrarse. Por lo pronto, la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) reveló que la minera NO pagó 800 millones de pesos del fideicomiso por los daños. Peeeeeero eso no fue todo. Desde otra trinchera, la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) informó que el gobierno de EPN ocultó un segundo derrame en la zona.

¿Cómo? Vamos por partes. Con respecto a la Profepa, la información se dio a conocer en la mañanera de este 12 de diciembre. A grandes rasgos, los muchachos de AMLO explicaron que el gobierno Federal y Buenavista del Cobre firmaron un fideicomiso por 2 mil millones de pesos. Este se extinguió y sólo se aportaron mil 200 millones de pesos.

Luego, la empresa inyectó dinero pero fuera de este fideicomiso. Entonces, ahí la controversia. Por lo pronto, la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) analiza el caso para ver que procede en este “accidente” que provocó el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado —afectando a 22 mil sonorenses.

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Foto: Cuartoscuro.

Gobierno de EPN ocultó otro derrame

En este tema aparte —pero con el mismo hilo conductor, el derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora—, la Cofepris reveló que los muchachos de Enrique Peña Nieto ocultaron un segundo derrame de tóxicos mineros. Además, no se informó sobre los más de mil enfermos no reconocidos y que el agua del caudal continúa contaminada.

Según José Alfonso Novelo, director de la Cofepris, el segundo derrame sucedió 40 o 42 días después del 6 de agosto de 2014 —fecha en que ocurrió el desastre en la minera. Según la Cofepris, en este asunto no hay ningún convenio.

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Foto: Cuartoscuro.

El segundo accidente sucedió por un resquebrajamiento en el represo Tinajas 1 y Tinajas 2, pues las estructuras aún no estaban terminadas. El hallazgo de estos datos —más deudas para Grupo México— se hizo en contexto del recorrido que los funcionarios armaron en el Hospital General Ures, mientras visitaban la obra negra que servirá como la Unidad de Vigilancia Epidemiológica.

Por cierto, la información no se había hecho pública porque su investigación está en litigio, explicó Novelo a Proceso. ¿Y luego?, ¿qué pasará? Las personas afectadas pueden buscar más datos mediante las autoridades municipales o estatales —porque a esta no puede acceder “cualquiera”.