Los funcionarios Simón Barquera y Luis Manuel Encarnación, además del activista Alejandro Calvillo, fueron espiados e intimidados por promover un impuesto a los refrescos. Los promotores del gravamen recibieron amenazas en sus celulares por encabezar una campaña con la finalidad de reducir el consumo de las bebidas azucaradas en México. Según los expertos, las enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos cobran más vidas que el crimen organizado.
De acuerdo con una investigación realizada por el diario estadounidense The New York Times, las tres personas fueron blancos de espionaje digital. A través de mensajes de texto perturbadores, provenientes de números sin identificar y acompañados con hipervínculos, los dispositivos de los tres promotores fueron intervenidos. Para espiarlos utilizaron un programa desarrollado por la empresa NSO Group, la cual se dedica a vender estas herramientas de espionaje digital exclusivamente a gobiernos.
Esta empresa, junto a otras del mismo giro como Hacking Team y FinFisher, han vendido sus programas a gobiernos estatales en México y al Ejército Mexicano, de acuerdo con el informe El Estado de Vigilancia: Fuera de Control, realizado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el cual muestra el uso extensivo de software de espionaje con fines políticos en todo el país.
Para muestra un botón: nuestro país aparece como el mayor cliente de Hacking Team (desde 2010, al menos 14 estados y agencias gubernamentales, han pagado 6.3 millones de dólares por sus servicios).
Los puntos a destacar del espionaje contra los activistas
Aunque la empresa NSO se promociona con el lema “hacer del mundo un lugar más seguro”, sus programas han sido utilizados contra activistas, opositores al gobierno y periodistas, a pesar de asegurar que sólo vende su spyware a agencias policiales para que puedan seguir a posibles terroristas o criminales. “No queda claro por qué una agencia gubernamental mexicana utilizaría el programa espía para rastrear a los impulsores de la batalla contra la obesidad en el país (…) ni queda claro qué órgano mexicano está detrás de la vigilancia”, indica The New York Times.
En México solamente las procuradurías y fiscalías de los estados, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) tienen la facultad para intervenir comunicaciones, siempre y cuando cuenten con la autorización previa de un juez federal especializado en cateos e intervenciones.
De acuerdo con The New York Times, México es un país refresquero y de ahí se explica el interés de las empresas por combatir campañas en contra de su producto, como la que encabezaban los activistas hackeados una semana antes de ser intimidados y que su privacidad fuera violada. Según el reportaje del diario estadounidense, las grandes compañías defienden sus intereses a través de cabilderos en el Congreso.
ConMéxico, grupo que representa los intereses de Coca-Cola y Pepsico, aseguró a la publicación que ellos no tenían conocimiento del espionaje contra los activistas que buscaban aumentar el impuesto a los refrescos, y consideraron la acción como algo que “francamente, también nos asusta”.