Sólo les tomó 15 años, pero por fin ayer las autoridades del país resarcieron las malas decisiones tomadas durante anteriores administraciones (una en la era de Ernesto Zedillo, otra en la de Vicente Fox).
En una ceremonia que hizo valer la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en nombre del Estado mexicano el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció una disculpa pública por el despido de dos militares ocurridas en 1998 y 2001, esto debido a ser portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
En su momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cometió la regadota de expulsar de sus filas a los dos elementos, quizás sin acudirían ante la CoIDH, en la cual se demostró que las fuerzas armadas nacionales sufrieron discriminación, afectación a su honra, dignidad e integridad personal… eso sin olvidar la falta a sus garantías judiciales y de medios adecuados para obtener justicia.
“El Estado mexicano está en deuda con ellos, ya que fueron discriminados, estigmatizados, marginados y excluidos. Esta deuda es consecuencia de que los militares con su lucha fueron capaces de seguir sintiendo la patria”, señaló Osorio Chong en su mensaje.
Aunque el llamado “Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad” era un acto correspondiente a la Sedena, en éste no se contó con la presencia de su titular, Salvador Cienfuegos, en su lugar acudió el general brigadier José Caarlos Beltrán Benites, director de derechos humanos de la dependencia. Cabe destacar que aunque cumplidores, las autoridades mexicanas tardaron cuatro años en cumplir la sentencia, la cual fue dictada desde el 31 de octubre de 2011.
“México tiene hoy retos en los que tenemos que seguir avanzando y a los que estamos haciendo frente con la cara en alto. Que las fallas del pasado sirvan como base para aprender y construir una sociedad de derechos más sólida”.
De los soldados que ayer recibieron una disculpa uno llegó a ser oficial, mientras que el otro tenía una larga trayectoria como elemento de tropa. Aunque los abogados de los afectados señalan que hay muchos militares que han sido víctimas de discriminaciones similares a las de sus clientes, estos casos cobraron relevancia por llegar a ser los primeros analizados y admitidos por la CoIDH.
Los despidos de los militares portadores del VIH iniciaron por decreto de Vicente Fox, el 1 de septiembre de 2003, cuando ordenó que aquellos elementos que dieran positivo al virus serían baja inmediata del Ejército y Fuerza Aérea… incluso aquellos que llevaran menos de cinco años en las filas perderían empleo, pensión, servicios médicos e indemnización.
Obviamente no lo dijeron así… pero embellecieron la discriminación al asentar en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) que los soldados con “padecimientos de origen inmunológico, rebeldes al tratamiento y de difícil control” debían causar baja por “inutilidad”… apenas el año pasado tal disposición fue eliminada y únicamente se condicionó el retiro cuando el portador de la enfermedad pierda funcionalidad para desempeñar las labores de su servicio.