En la historia de las argumentaciones más extrañas, pocas cosas destacan tanto como las que se usan para “probar” la participación de los 11 detenidos del #20NovMx. Las principales pruebas son los testimonios de los mismos policías que los detuvieron, la existencia de un manual de “anarquismo” redactado en 2011 de forma anónima en el que ni siquiera figuran los nombres de los detenidos y el hecho de que entre ellos se dicen “compas”, lo que es una irrefutable muestra de que pertenecen a una asociación delictiva.
Lo que acabas de leer no es ninguna exageración. Fueron estos los argumentos con los que la fiscalía consignó a los inculpados de los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa y son, a su vez, los mismos argumentos que se usarán para iniciar una investigación por terrorismo.
Por supuesto, sería de esperarse que en el expediente del caso figuraran pruebas gráficas que evidenciaran la participación de estos detenidos en actividades de tal naturaleza. Bueno, pues no las hay. Ninguna. No obstante, sí que hay fotografías y videos extraídos de sus celulares que documentan algunas marchas pasadas, y en los que se aprecian pancartas en contra del presidente y las consignas de los contingentes. Estas fotos y videos son de la misma clase que los usados en cualquier fotogalería.
Que ésas son las pruebas presentadas fue confirmado por funcionarios del Poder Judicial que detallaron que, hasta ahora, la evidencia principal es el testimonio de los propios granaderos.
La consignación trae fotografías de cada uno de los detenidos, que fueron presentadas ante los policías presentes en el operativo aplicado el 20 de noviembre en el Zócalo capitalino. Ellos afirmaron que los reconocían como miembros del grupo que inició las agresiones. Cabe destacar, por cierto, que según la versión inicial de las autoridades, los hechos violentos fueron iniciados por encapuchados.
Los mismos funcionarios confirmaron que uno de los principales argumentos para sostener que pertenecen a una asociación delictiva es que entre ellos se dicen “compa”. Eso.
Finalmente, los abogados defensores de los 11 tuvieron acceso a este expediente, aunque sólo de forma parcial y sin copia certificada. Ellos afirmaron que estas pruebas “carecen de sustento y son totalmente cuestionables”.
En torno a la evidencia de maltrato físico de los detenidos, las autoridades afirmaron que se debe a que durante los hechos “golpearon su cabeza contra los cascos”.
Todas las acusaciones asumen que los detenidos pertenecen a un colectivo organizado que busca agredir. Ni siquiera interviniendo las cuentas de redes sociales y de mensajería directa de los acusados han logrado obtener pruebas en este sentido.
Luego de que el fin de semana las autoridades les negaran la posibilidad de elegir a sus propios abogados (lo que constituye una grave irregularidad en el proceso), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODDI) y la organización juvenil Cauce Ciudadano, tomaron formalmente la defensa de lo detenidos.
En las declaraciones que conforman el expediente hay contradicciones. Algunos federales afirman que fueron ellos los que detuvieron a los acusados, mientras que consta en otros documentos y testimonios de autoridades que fueron detenidos por policías se SSPDF.
Además, la prueba más fuerte sobre la asociación delictiva de los detenidos es un reporte de 2011 sobre combate anarquista “en contra del capitalismo y la nanotecnología” (WTF!?!?) que no contiene ningún nombre. Básicamente afirman que, dado que agrupaciones así han existido y crea manuales… pues… ellos han de formar parte de alguna, ¿no?
Hasta hora, los abogados de la ANAD han entrado en contacto con 7 de los detenidos, todos ellos hombres. Las 3 mujeres (Hillary Analí González Olguín, Tania Damián Rojas y Liliana Garduño Ortega) aún se encuentran bajo la defensoría de oficio porque los abogados no han podido trasladarse a Centro Federal Femenil “Noroeste” en Tepic. Por su parte, Francisco García Martínez ha optado por conservar el abogado que el Estado le proporcionó.
Por supuesto, es lamentable que se registren actos de violencia en manifestaciones de cualquier clase, más cuando miles de participantes mantuvieron una actitud pacífica durante la jornada. Sería igualmente deseable que los responsables de tal violencia fueran detenidos. Lamentablemente, las fuerzas de seguridad locales y federales suelen cometer errores graves en estas detenciones, comenzando por agarrar a los equivocados.