Adrián Vázquez Lagunes, fue detenido cuando conducía su auto en Tijuana, Baja California, porque la policía municipal lo confundió con el “Macho Prieto”, un narcotraficante de Sinaloa. Lo torturaron, le sembraron droga y lo encarcelaron.
Según los uniformados, Adrián Vázquez, de 33 años, conducía a exceso de velocidad un vehículo robado y en el momento en que se le marcó el alto, este “declaró” ser “El Macho Prieto”, operador del cártel de Sinaloa en la zona, portaba un arma y metanfetaminas, como se resistió al arresto, lo trasladaron a una institución de la delegación.
Cuando estuvo bajo custodia de la policía del estado fue objeto de amenazas, palizas y semi-asfixia. En las oficinas de la PGR, un médico forense dijo que las lesiones sanarían en menos de 15 días. Sin embargo, en ese momento Adrián tuvo que ser llevado urgentemente al hospital, para ser operado de emergencia y evitar que una de sus siete costillas rotas siguiera perforándole el pulmón.
El estado de salud se agravó, ya que ningún hospital en Baja California quería recibir al “Macho Prieto” porque el cártel de Sinaloa podría rescatarlo. Cuando lograron ingresarlo al Hospital General de playas de Rosarito en Tijuana,, le diagnosticaron lesiones múltiples causadas por golpes, en pulmones y vejiga, además de politraumatismo abdominal, estuvo convaleciente más de tres meses.
Un año después de la detención de Adrián, el 18 de diciembre de 2013, el gran narco “El Macho Prieto” fue abatido en un enfrentamiento armado en Sonora; ahora sabían que se llamaba Gonzalo Inzunza Inzunza, no Adrián Vázquez, sin ningún parecido físico.
Aunque su abogada demostró que no iba en un vehículo robado y que había sido identificado incorrectamente como narcotraficante, las autoridades no tomaron en cuenta las pruebas, sino el testimonio de los tres oficiales que detuvieron a Adrián, quien actualmente lleva más de tres años y medio recluido en el Centro Penitenciario “El Hongo” en Tecate, Baja California, por el delito de narcotráfico, donde tiene que recibir tratamientos de diálisis cada mes.
Para completar el proceso de Adrián era necesario que se le aplicara el Protocolo de Estambul; pero la Procuraduría General de Justicia de Baja California, tardó dos años en aplicarlo porque tenía que capacitar a sus peritos y “no tenían cómo imprimir el formato porque su computadora no era compatible con la impresora”.
En diciembre pasado los tres agentes de la policía que lo detuvieron fueron acusados de tortura, y al mismo tiempo se demostró, a través de peritajes, que sí se cometió dicho delito en contra de Adrián.
Pese a las pruebas, Daniel de la Rosa Anaya, actual secretario de Seguridad Pública de Baja California, sigue sosteniendo que Adrián Vázquez Lagunes se apoda “Macho Prieto” y está identificado como uno de los principales narcomenudistas de Tijuana. Y afirma que “los policías sólo cumplieron con su labor y tan es así que todavía está por procesar a Vázquez Lagunes.
Ahora que los resultados confirmaron la tortura por parte de los agentes, bastaría con que la PGR desechará los cargos de portación ilegal de arma y de metanfetaminas que “los policías” sembraron, lo que mantiene a Adrián Vázquez recluido.
El informe titulado “La tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas“, de Amnistía Internacional reveló que el 64% de los mexicanos “temen ser torturados si son puestos bajo custodia”. Un temor que no es infundado, cuando conoces casos como el de Adrián Vázquez.
¡Súmate a las acciones urgentes por la libertad de Adrián!
Firma la petición de Amnistía Internacional y ayuda a difundirla
1) Usa el hashtag #Adrianlibre y copia a la procuradora @ArelyGomezGlz, @pgjebcmx, el 11 de agosto a las 10 am, un momento crucial para que Adrián Vázquez salga libre y evitar que a cualquiera de nosotros le pueda pasar.
2) Envía una carta a las autoridades pidiéndoles que desistan de los cargos en contra de Adrián y que sea liberado inmediatamente. Descarga aquí el formato de carta
Durante años, Amnistía Internacional ha hecho recomendaciones muy severas al gobierno mexicano para que deje de hacer uso de la tortura como método para obtener información, declaraciones y pruebas sobre la comisión de un delito.