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El derecho a un medio ambiente sano y a la justicia social

Por Javier Medina

El derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas es uno catalogado como difuso, o colectivo; por tanto, le pertenece a todas las personas por igual. Eso hace que su aplicación tenga una estrecha relación con las agendas de gobierno.

Para poder materializar el cumplimiento de ese derecho, tanto en el ámbito nacional y en los locales, se prevén distintos aspectos de utilidad pública al Ordenamiento Ecológico del Territorio: el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas; el establecimiento de zonas intermedias; la prevención y control de la contaminación y la formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Son estos aspectos los que sientan las bases para poder mantener ecosistemas en buen estado, ciudades ordenadas y la realización de actividades del sector primario –como la agricultura– sin que ello implique depredar y extraer recursos naturales más allá de las capacidades de carga de los ecosistemas.

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Las agendas ambientales y por el clima toman especial relevancia cuando los intentos y las políticas de conservación se ven contrastadas con impactos negativos surgidos desde la generación de capital y el incumplimiento a leyes ambientales. Esto da pie a diversos indicadores y contextos, sobre los que se vuelve imprescindible ejercer acción. Uno de esos indicadores es el que sitúa a México ya con una pérdida de 127 mil 770 hectáreas de bosque en este 2020, lejos de poder asumir el compromiso de llegar a la meta de cero deforestación para 2030. Además de la gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero que implican estas altas tasas de deforestación; a su vez, alejan a México de sus compromisos en reducción de emisiones.

El derecho humano a un medio ambiente sano es relevante.

Sin ecosistemas sanos nuestra subsistencia no es posible; así pues, existe una correlación directa entre medio ambiente, las dinámicas sociales y la salud de las personas. Este abordaje nos conduce a abrir conversaciones sobre la salud socioambiental y su importancia. La salud socioambiental implica buscar equilibrios y apuntar hacia el entendimiento de que la depredación de los ecosistemas y recursos naturales afectan directamente el bienestar de las personas. Se debe reconocer que no se puede seguir impulsando un desarrollo que va a costa de la vida y la salud; de tal modo, generar la capacidad de identificar y relacionar la ocurrencia de enfermedades con problemáticas y manejos inadecuados en el territorio. Éste es, desde luego, un aspecto que debe ser incorporado a las agendas por el desarrollo sostenible.

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Lo que hemos vivido en esta etapa de pandemia por el nuevo coronavirus ha implicado la difusión del concepto de la “nueva normalidad”, que lleva implícito un alto contenido de medidas de sanidad y seguridad que ayuden a inhibir la transmisión del virus. No obstante, es necesario dimensionar lo que ha sucedido en esta pandemia, en donde hemos visto detonadas varias crisis que ya se hacían presentes y que han calado de manera importante en la población. Es necesario señalar aspectos como la crisis en el sistema de salud; las deficiencias en el acceso a la seguridad social; las condiciones de precariedad y marginación en las que está instalada gran parte de la población; la propia crisis ambiental y climática y la violencia que vivimos todos los días.

Todos en su conjunto son temas que han sido desatendidos de manera importante y que hacen un llamado a concebir un futuro que venga acompañado de justicia social, una “justa normalidad” en la que se parta desde los contextos sociales y las estructuras que generan e incrementan las condiciones de desigualdad. Una justa normalidad que construya sociedades menos vulnerables y más conectadas y responsables de sus entornos. 

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Desde las instituciones, los retos son grandes pero el único camino posible está en asumirlos. Esta actualidad nos hace hablar de medio ambiente y de clima; implica hablar de crisis, pero también es posible hablar de soluciones. A los esfuerzos que irremediablemente deberán asumir los gobiernos, se suman aquellas acciones que se den en lo colectivo. Nuestros actos sí cuentan y el empuje que venga desde la sociedad no puede quedarse sin accionar. 

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Javier Medina es abogado por la Universidad de Guadalajara con enfoque en políticas públicas y medio ambiente. Militante de Futuro.

Twitter: @javier_medinaP