El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron hoy el acuerdo con el que cierran las negociaciones de paz —desarrolladas en La Habana, Cuba, los últimos cuatro años— y que deberá ser refrendado por el pueblo colombiano en una votación.
El documento fue aceptado por los negociadores de ambos bandos: Humberto de la Calle, en representación del gobierno, y Luciano Marín Arango, por parte de la guerrilla. SinEmbargo señala que los embajadores de Cuba y Noruega también estuvieron presentes en el histórico evento y fungieron como países garantes en el proceso de paz.
De acuerdo con el periodista de El País, Javier Lafuente, el conflicto armado en el país sudamericano ha durado 52 años, en los que ha cobrado cerca de 8 millones de víctimas, 220 mil muertos y unos 45 mil desaparecidos.
El reportero señala que durante el tiempo de negociaciones, se había acordado el cese bilateral al fuego, pero faltaba negociar las condiciones de amnistía para los guerrilleros, su incursión en la política además de su reincorporación a la vida civil.
Estos son algunos de los puntos medulares del Acuerdo Final al que llegaron después de sesiones de negociación de hasta 18 horas:
- Reforma Rural Integral: se busca transformar el campo y cerrar brechas con respecto a las ciudades. Busca erradicar la pobreza y garantizar los derechos humanos de sus pobladores.
- Participación política: con este punto se pretenden abrir más opciones para que surjan nuevas fuerzas políticas en el país, que alimenten el pluralismo. Además de buscar que los conflictos se solucionen democráticamente y no a través de las armas.
- Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas: se acuerda la terminación de los ataques entre la fuerza pública y las FARC, además que los guerrilleros se comprometen a dejar las armas y reincorporarse a la vida de civil.
- Víctimas: El punto central del documento —según los firmantes—, se busca resarcir a las víctimas del conflicto. Se crea el Sistema Integra de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que —a través de mecanismos judiciales— investigará y sancionará las violaciones a derechos humanos.