Los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública de 2015 siguen dando de que hablar: de acuerdo con el nuevo descubrimiento de la ASF, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa contrató a proveedores privados para construir y operar ocho penales federales por un monto cercano a los 200 mil millones de pesos. La transacción se hizo sin la aprobación del Congreso de la Unión, como lo estipula la legislación, además que su administración no apoquinó ni un quinto y se comprometió a pagar el costo de manera mensual y por un plazo de 22 años.
Según lo que indica la Constitución Mexicana y la Ley Federal de Deuda Pública, el compromiso contraído por la administración de Calderón Hinojosa es deuda pública, aunque la deuda contraída a finales de 2010 fue etiquetada como gasto público corriente, lo cual resulta —cuando menos— extraño ya que al día de hoy todavía se deben 165 mil millones de la deuda total. De acuerdo con el portal Animal Político, quien realizó el reportaje original, el monto que se debe es equivalente a las pérdidas de Pemex por robo de combustible desde 2000.
La jugada del gobierno de Calderón consistió en lo siguiente: el costo de la edificación de los penales corrió a cargo de las empresas contratadas, quienes a cambio se les aseguró el pago de un monto de 199 mil 476 millones de pesos a lo largo de los próximos 20 años. Los hallazgos de la ASF indican que siete de los contratos fueron firmados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, entonces encabezada por Genaro García Luna, en diciembre de 2010, mientras que otro más fue firmado en marzo de 2011.
¿Es ilegal la movida de Calderón?
Aunque la movida del expresidente Calderón pudiera parecer poco transparente e incluso truculenta, la contratación de las empresas y la forma de pagarles no puede ser considerada como ilegal. Según los auditores de la ASF, el pago debía cargarse a una partida especial para realizar pagos a largo plazo, además que tanto la inversión como la contraprestación otorgada a las empresas tendría que haberse registrado como tal en el Presupuesto de Egresos y en la Cuenta Pública.
De acuerdo con la investigación de Animal Político, la deuda contraída por la construcción de los penales construidos en Sonora, Guanajuato, Chiapas, Durango, Oaxaca, Morelos y Michoacán será liquidada hasta 2032. Las construcciones, indica el medio de comunicación, se entregaron con retrasos de hasta cuatro años y uno de ellos, el ubicado en Coahuila, aún no entra en operaciones.