Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), fue destituido de su cargo este viernes 20 de octubre por “transgredir el Código de Conducta” de la Procuraduría General de la República (PGR). La decisión fue tomada por Alberto Elías Beltrán, encargado de la procuraduría tras la renuncia de Raúl Cervantes Andrade, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 30 de la Ley Orgánica de la PGR y el 137 de su reglamento.

“De esta manera, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto”, informó la dependencia a través de un comunicado.

La noticia se da a conocer apenas dos días después de que el periódico Reforma publicara una entrevista con Nieto Castillo, en la cual denunciaba cómo el priista Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, intentó presionarlo para que lo declarara inocente de la trama que involucra dinero de la constructora brasileña Odebrecht y financiamiento a las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012.

Santiago Nieto, extitular de la Fepade
Foto: Notimex-Guillermo Granados

“Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. Nunca entendí esta parte (…) Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”, denunció Santiago Nieto el pasado miércoles.

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Nieto Castillo informó a través de su cuenta de Twitter que impugnará su destitución ante el Senado. “Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución”, informó el fiscal. La Constitución establece que la remoción del cargo podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores en un plazo de diez días hábiles. En este escenario, el titular de la Fepade sería restituido en el ejercicio de sus funciones.

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