Lo que necesitas saber:
El Estado está fallando en protegerlos derechos de niños y niñas en medio de contextos de violencia extrema.
Cada cierto tiempo surge una denuncia que se viraliza en redes y llega hasta los oídos de las más altas autoridades. Y entonces, comienza la respuesta para atender el caso, pero no hay un seguimiento puntual para evitar su repetición. Estamos hablando de los casos de violencia hacia niños y niñas en México.
Y escribimos este texto a raíz de los casos de los asesinatos de Fernando (Fernandito), un niño de 5 años desaparecido y secuestrado en el municipio de La Paz, en Edomex, por el cobro de una deuda de mil pesos y pese a que su mamá había acudido a las autoridades.
O Dulce, una niña de 12 años asesinada en Chalco, también en Estado de México, durante el ataque de unos sujetos contra la pareja de su mamá, de acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
6 reflexiones que debemos hacer sobre la violencia contra niños en México
Más allá de revisar la relatoría de estos casos de violencia, en Sopitas.com platicamos con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, para reflexionar sobre los contextos que giran alrededor de estas violencias hacia los niños y las niñas.
Porque no hablamos de un solo tipo de violencia, sino de un conjunto que están rompiendo con el derecho de niños y niñas a vivir en condiciones de bienestar.
Y junto con Juan Martín Pérez García hacemos una serie de reflexiones y análisis realmente necesaria para responder: ¿Por qué suceden estos casos? ¿Bajo qué contexto? Y, ¿qué se debe hacer para evitar que se repitan estas violencias?
Violencia generalizada en México
“Estamos en un momento en el que la violencia en nuestro país se ha generalizado y ha superado, desde hace ya mucho, lo que la OMS ubica como epidemia de homicidios”, nos dice vía telefónica Juan Martín Pérez, para después explicarnos que la organización del gobierno —el Estado como tal— es muy frágil en la atención y prevención de los casos de violencia.
Entre otras cosas, porque el Estado no cuenta con la capacidad ni el personal especializado para atender la cantidad de homicidios registrados en México.
Todo está también relacionado con el presupuesto que los gobiernos federales —sí, la Presidencia en cada uno de sus turnos— ha destinado para la guerra contra el narcotráfico desde su comienzo.
“Hace más de 18 años se ha cuadriplicado el presupuesto para las Fuerzas Armadas y se han hecho recortes presupuestales a todos los programas de gobierno de carácter social, salud, educación… no existe un presupuesto de prevención”, enfatiza el coordinador de Tejiendo Redes Infancia.
¿Por qué no hay personal especializado?
Podemos decir que se trata de un problema de estructura alimentado por la corrupción y omisiones dentro de los distintos niveles de gobierno.
Y que impacta en las funciones operativas de las instituciones: desde lo federal hasta estatal y municipal o local.
En el caso de Fernandito, testimonios relatan que ayudaron a su familia a presionar a las autoridades para rescatarlo.
De hecho, familia y vecinos tuvieron que protestar en la Fiscalía de La Paz para presionar a las autoridades para que atendieran el caso.
Al final, el 4 de agosto de 2025 esta fiscalía tomó la denuncia por desaparición. Los policías catearon el domicilio de los agresores, donde hallaron el cuerpo de Fernando.
Esta falta de respuesta y reacción de las autoridades es un ejemplo de la fragilidad del Estado que comentó Juan Martín Pérez para atender los casos de violencia.
En el caso del Estado de México, explica el coordinador de Tejiendo Redes Infancia, se sabe que los niveles de corrupción han sido históricamente altísimos.
Entonces, además de los recortes a los presupuestos de políticas públicas sociales, se suma la muy mala y vieja práctica de pagar “favores electorales” con cargos públicos, en todo tipo de instituciones, en lugar de contratar a personal calificado.
El Estado de México
“No importó que cambiara un partido”, dice Pérez García porque el gran problema es el mismo: no hay personal calificado para atender los casos.
Juan Martín Pérez señala que Edomex sigue siendo el estado con más casos de feminicidios registrados en México, con más denuncias de violencia sexual, familiar y desapariciones.
“Desde hace décadas tiene esa tendencia de violencia extrema que no ha sido atendida no sólo por las autoridades del Estado de México, sino por la Federación”.
Esta violencia extrema registrada en México —en contexto del reforzamiento del presupuesto a las Fuerzas Armadas para combatir al crimen, pero el recorte de dinero y esfuerzos para programas sociales como salud y educación— ha trastocado la vida de niños y niñas.
Poniendo en riesgo su derecho a vivir una vida sin violencia desde hace décadas.
Y esto es más que importante porque, de acuerdo con el Censo 2020 del Inegi, Edomex es el estado donde más niños, niñas y adolescentes viven en todo México.
En nuestro país, en 2020, habían 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes. Estado de México registró 5 millones, seguido de Jalisco, Veracruz, Puebla y Chiapas.
Y aun así con el cambio de gobierno —del PRI a Morena— la situación de violencia hacia los niños desde sus distintos tipos (bullying, violencia familiar y la más extrema) siguen registrándose sin que haya un plan concreto e integral que se sume a uno nacional para prevenir o atender estos casos.
El peligro de la normalización de la violencia
“Hay otro plano que asumir en este modelo ecológico y es cómo nos vemos como sociedad acostumbrada a la violencia”, indica Pérez García, al citar a la antropóloga Rita Segato para hablar de cómo la saturación de casos violentos día a día hace que una parte de la sociedad lo normalice.
“Eso es lo que hay que evitar: acostumbrarnos a todo esto. No es normal. Niños y niñas tienen que crecer libres de violencia, las autoridades tienen que hacer su trabajo”.
Evitar la normalización de la violencia nos hace más conscientes como sociedad del impacto de la misma ejercida contra niños y niñas.
El fortalecimiento de las instituciones de gobierno
“México tiene los marcos normativos más avanzados de la región —en la defensa y aplicación de los derechos de los niños y las niñas— pero no se aplican”, explica Juan Martín Pérez.
Ejemplo de esto es el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) —una red nacional encargada de desarrollar políticas públicas para garantizar los derechos de los niños y las niñas en México.
El Sippina estuvo a punto de desaparecer en el gobierno de AMLO. Y, de hecho, en este gobierno de Claudia Sheinbaum tiene pendiente una reunión para elaborar el plan integral para lograr sus metas.
Su situación es un ejemplo del olvido en el que caen estas instituciones dedicadas al desarrollo de la niñez en México —o en el hecho de que no son consideradas por las autoridades como una prioridad.
Otro ejemplo es el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia), al que funcionarios y gobiernos lo ven como una “caja chica”, sentenció Pérez García.
¿El resultado? No existe una guía que dirija los esfuerzos para prevenir los casos de violencia y violencia extrema a nivel nacional, que baje hacia los estados y municipios.
Junto con la falta de especialización en las fiscalías el sistema de atención y prevención es aún más frágil. Y los casos de violencia se acumulan sin que haya una seria intensión de cambiar esta situación desde el gobierno Federal.
“Hace muy poquito estábamos hablando del feminicidio múltiple de las niñas en Sonora, el feminicidio y mutilación del cuerpo de una niña en Baja California, hace aproximadamente un mes una niña fue asesinada por el padrastro, ahora Fernando, ahora Dulce.
Y van a ir cambiando los rostros y los nombres pero no cambia nada”, reflexiona Juan Martín Pérez.
¿Qué hacer?
Juan Martín Pérez García habla de un modelo ecológico para ejemplificar que el problema de las violencias hacia niños y niñas en México está relacionado con los puntos que explicamos acá arriba.
Y que no se trata de una sola causa, sino una mezcla de situaciones complejas que tienen su raíz en la corrupción, omisiones de las autoridades y la violencia que se acentuó con el inicio de la guerra contra el narcotráfico —y que terminó impactando en la vida cotidiana en México.
Entonces, “mantengamos la exigencia para que pueda haber justicia, necesitamos involucrar a la sociedad, niños y niñas para prevenir lo más que podamos” sin dejar de responsabilizar a las autoridades, que son las primeras con la obligación de atender esta problemática.
Para el coordinador de Tejiendo Redes Infancia las claves están en el compromiso de Claudia Sheinbaum por dirigir Sippina, otras instituciones como el DIF y el desarrollo de un plan a nivel nacional para poner como prioridad a las infancias.
