Aunque la necesidad es mucha y se está exigiendo que los partidos políticos devuelvan lo destinado para su financiamiento, ¿no se les hace raro que ellos, sin chistar acepten la entrega de los fondos que celosamente disputan?, ¿de cuándo acá tan preocupados por el ciudadano?, ¿el dinero de verdad irá a dar a manos de damnificados?, ¿no hay plan con maña?, ¿no habría que detenernos un momento a ver de qué forma se garantizará que no se dé lo que especialistas en la materia vislumbran que pasaría de entregar sus prerrogativas?

De acuerdo con el académico de la UNAM, Diego Valadés, de cancelar el financiamiento a los partidos políticos se abriría la puerta a que la sociedad sea controlada y gobernada por los más ricos… ¿y no lo es ya? Ejem… Bueno, digamos que sí. Pero lo que el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad expuso durante su participación en el foro Financiamiento público cero: ¿es posible hacer política democrática sin dinero? es que la muy exigida medida de dejar a los partidos sin dinero, para que éste sea donado a las personas afectadas por los sismos del mes pasado, pondría en riesgo las elecciones de 2018 (¿más?), ya que se trastocarían tres principios constitucionales: “Uno, que las elecciones tienen que llevarse a cabo en condiciones de equidad; dos, que los partidos son entidades de interés público; y tres, el hecho de que la propia Constitución determina las condiciones del financiamiento de los partidos”.

Dañado el principio de equidad, el resultado de la contienda presidencial sería cuestionado (más que en otras ocasiones), lo cual dejaría al país en un periodo de incertidumbre respecto a algo tan fundamental como saber quién va a ser el próximo presidente y cómo va a estar armado el Congreso. ¿Y por qué la incertidumbre? Conociendo la respuesta de partidos en pasadas contiendas, en 2018, trastocado un principio fundamental para la realización de comicios más o menos limpios, ahora sí “habría muchos argumentos que podrían abogar por la anulación de la elección, sobre todo por parte de quienes no se vieran beneficiados en la votación. Modificar el financiamiento, como se ha planteado, no sólo tiene impacto en el ámbito constitucional y legal, sino en otro muy severo: en una gran incertidumbre en el resultado de las elecciones”.

 Y sí, debido al profundo desencanto que se tiene por la clase política, quizás para el ciudadano de a pie le da igual quién quede al mando del poder Ejecutivo y Legislativo, pero para los empresarios y gente que maneja los dineros del país, el asunto es de suma importancia. Con incertidumbre, de ahí vendría un efecto dominó, afectando al hombre común, primordialmente. Y bueno si esto no basta para detener el plan de cero prerrogativas para los partidos, Valadés se va al librito: “el Congreso no puede tomar ninguna decisión contra lo que marca expresamente la Constitución. No hay nada por encima de ella”, agregó.

El también exprocurador general de la República pidió recapacitar respecto a echar toda la cargada para apoyar a los damnificados. Al menos con el dinero de este rubro. “Lamento, como cualquier ciudadano, que los ímpetus mediáticos de muchos dirigentes de partidos –no estoy criticando en particular a ninguno– hayan subordinado una simple intención de alcanzar un pacto político a un estudio serio, reflexivo de las realidades sociales y constitucionales del país”, consideró el jurista. Además de que el 100% del financiamiento a los partidos apenas cubriría el 15% del costo total de la reconstrucción, el cual optimistamente se vislumbra requerirá hasta 40 mil millones de pesos. Otros dicen que hasta 300 mmdp… y EPN diciendo que sólo lo que se gastó en presumir el copete en medios (34 mmdp). Pfff. Pero bueno, por qué no mejor echar ojo a los donativos que ya se han hecho.

El también miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de Ciencias dijo que no sabe bajo qué términos algunos partidos –dicen– que ya hicieron su “donativo”. Pero, aunque haya sido por razones extraordinarias, tendrán que informar al INE que esos recursos fueron dirigidos a fines no previstos en la Constitución. “No son recursos de naturaleza privada, sino públicos, y los partidos tienen que rendir cuentas, como cualquier otra institución. Al establecer un fondo y/o una aportación con ellos, también se estaría privando de su salario a los trabajadores de esas entidades”. Ahh, porque hasta eso. Algunos partidos ya comenzaron a meter tijera en su plantilla. Un alto precio que se tiene que pagar por mostrarse bondadosos con sombrero ajeno, pero que están dispuestos a cubrir.

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