El 21 de agosto de 2013, la extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, presentó una denuncia en contra del empresario Carlos Ahumada por el delito de extorsión.

Casi 6 años después, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que ya cuenta con los elementos suficientes para ejercer una acción penal en contra de Ahumada por los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y el uso de un documento falso.

Pero no se dejó tan fácilmente

En julio del año pasado, el empresario Ahumada solicitó que se declarara el no ejercicio de la acción penal ante esta investigación en su contra, sin embargo un agente del Ministerio Público declaró esto improcedente y continuó el proceso.

La denuncia inicial de Robles surgió porque presuntamente Ahumada se llevó tres hojas en blanco con su firma, sin su permiso y las utilizó para amenazarla. Supuestamente en esas hojas la exsecretaria Robles reconocía una deuda millonaria.

Esa deuda es de nada más y nada menos que 200 millones de pesos, más los intereses que se han generado de 2003 a la fecha. Ese dinero, según Ahumada, formaba parte del Fideicomiso Justicia y Verdad.