El pasado 10 de marzo, 200 campesinos rarámuris fueron rescatados del rancho “El Cerezo” agrícola en Baja California Sur.
Había 13 menores de edad trabajando y 167 jornaleros, a cada trabajador se le pagaba de 200 a 300 pesos semanales, el precio pactado eran 8 pesos por costal de papas, pero solo les daban 4 pesos.
Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo federal, informó en ese momento que los jornaleros agrícolas eran víctimas de explotación y fueron reclutados en el municipio de Creel, Chihuahua, para trabajar para la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola para ser trasladados con engaños para trabajar en Comondú, Baja California Sur “en condiciones ilegales, insalubres y de miseria salarial”.
El Cerezo tiene su domicilio fiscal en la carretera León-Cuerámaro en el kilómetro 13, justo en el mismo sitio donde se ubica la ex Hacienda de San Cristóbal, propiedad de los hermanos José, Mercedes y Vicente Fox.
Sin embargo habitantes de la zona afirman que no existe ninguna empresa con la denominación El Cerezo.
“¿El Cerezo? Será El Cerrito, que es la empresa empacadora de vegetales que, creo, es de Vicente Fox, pero El Cerezo, no; no hay nada aquí”, destacó la empleada de la gasolinera Servicio Pacheco.
En 2005, la empresa El Cerrito, fue denunciada ante autoridades federales por explotar a menores de edad en tareas agrícolas, además por incumplir medidas de seguridad e higiene en el manejo de plaguicidas y fertilizantes.
Días después de que se difundió este suceso, trabajadores jornaleros en la región del Valle de San Quintín, comenzaron una ola de protestas para mejorar sus condiciones laborales.
Su pliego petitorio incluye:
*Que el salario por día sea de 300 pesos.
*Que la jornada laboral sea de 8 horas y no de 12 horas.
*Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social
*Tener vacaciones.
*Que se respete el séptimo día de descanso.
*Que las horas extra sean a voluntad y pagadas de manera adicional.
*Que se investigue el acoso sexual contra mujeres jornaleras
*Diálogo de negociación entre jornaleros, los patrones y el Gobierno del Estado.
Bloquearon vías de comunicación como la Autopista Transpenínsular de Ensenada y provocaron una situación de caos en varias comunidades en las que el Ejército y la Policía Estatal reprimieron las protestas con balas de goma y gases lacrimógenos.
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