Ya que Rafael Moreno Valle tuvo problemas con su #LeyBala, razón por la que mejor decidió abrogarla, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco sigue los pasos de su quizá futura competencia presidencial y da marcha atrás a su ley que también permitía a la policía hacer uso de la fuerza para disolver manifestaciones, la llamada #LeyGarrote.
Antes de tener que enfrentar acusaciones como las que se le hacen al gobernador poblano, luego que un niño de 13 años murió tras recibir el impacto de una bala de goma durante una manifestación –aunque Moreno Valle y su secretario de Seguridad juran que fue un cohetón-, Velasco envió una iniciativa para abrogar la ley que ya había sido aprobada en mayo.
“Tarde o temprano se iba a recular esta ley que criminalizaba a todas luces la protesta y que en nada beneficia al estado en lo particular”, comentó al respecto la diputada local del PRD, Alejandra Soriano.
La Ley Garrote, suavemente conocida como el Código de Uso Legítimo de la Fuerza, desde su publicación a principios de junio despertó los reclamos de activistas en Chiapas, quienes acusaban el retroceso en materia de Derechos Humanos que dicha ley representaba; incluso la organización internacional, Artículo 19, la impugnó ante el Poder Judicial Federal, ya que la consideró anticonstitucional.
Ni reclamos, protestas e impugnaciones habían hecho mella en la ley. Hasta ahora que Velasco ve cómo se la está pasando Moreno Valle es que se ha decidido echar atrás la ley cuyo supuesto objetivo era “prevenir la comisión de conductas ilícitas, la perturbación de la paz pública y la seguridad económica y proteger los bienes jurídicos tutelados de los ciudadanos”.
Al igual que Moreno Valle, Velasco Coello es uno de los gobernadores que más empeño le han puesto a la difusión de su imagen. El poblano mediante la realización de obras criticadas, además de promocionarse con ayuda de producciones de Televisa.
Por su parte, el chiapaneco –junto con su pareja Anahí- ha sido portada de “revistas del corazón” y objeto de una intensa campaña mediática, en la que se ensalzan sus supuestos logros administrativos… entre los cuales, obviamente, no figuran los 18 mil 184.7 millones de pesos que se han aumentado a la deuda pública del estado.
*Vía Proceso