A raíz del gasolinazo, los actos de supuesta austeridad y gestos de solidaridad con la ciudadanía por parte de la clase política continúan su curso: el presidente Enrique Peña Nieto anunció en su discurso televisivo del pasado 5 de enero que los altos funcionarios se reducirían el salario en 10%, el miércoles 11 de enero el Instituto Nacional Electoral comunicó que la construcción de sus nuevas oficinas había sido suspendida y reintegrarían mil 70 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que sus consejeros aceptaron reducirse 10% en sus percepciones salariales y hasta renunciaron a los polémicos iPhone 7 (¡qué detallazo!).
Siguiendo esta tónica, legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y Morena se pronunciaron a favor de reducir el financiamiento público que reciben los partidos políticos. Aunque, de acuerdo con el periódico Reforma, ninguna de las propuestas presentadas por este grupo cuenta con un dictamen listo para su aprobación.
Las medidas, para algunos, no son sino una pantalla para tratar de calmar el malestar social que trajo a cuestas el incremento en el precio de los combustibles.
#BROZINEGI Funcionarios e instituciones despilfarradores eternos, se contagian de una fiebre de rara austeridad. ¿A q se deberá el milagro?
— brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) 12 de enero de 2017
De acuerdo con Julio Hernández ‘Astillero’, columnista de La Jornada, estas propuestas que buscan que los partidos políticos no consigan financiamiento público en los años que no haya elecciones, como la presentada por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, son de inicio “altamente plausibles”, aunque tanta bondad podría traer consigo otra intención. Según el periodista “reducir la exigencia popular de ahorro en el gasto público, a la operación de los partidos, deja intacto el otro universo, enorme, de despilfarro y corrupción en el gobierno federal, como si solamente la actividad política fuese causante de la crisis actual”.
‘Astillero’ también indica que de aplicarse esta medida, la apertura de las organizaciones políticas al financiamiento privado, además de los términos regulados en materia de montos y procedimientos, también traería consigo “flujos subterráneos” provenientes del crimen organizado, de recursos públicos desviados y de “inversionistas en efectivo”. Hernández finaliza su texto asegurando que estas decisiones son plausibles, aunque no son suficientes “pues se mantiene una pesada estructura onerosa y una élite aún privilegiada”.
El vicecoordinador de los diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez, dijo al respecto que es “necesario revisar el costo electoral de la democracia mexicana. Fuimos los primeros en proponer eliminar 100 plurinominales en diputados y todos los pluris en senadores“, de acuerdo con Reforma.
El PRI promete reducir el Congreso, ¿es buena idea?
Inmersos en la crisis y el malestar social que ha provocado el gasolinazo, los priistas prometieron revivir su propuesta de 2014 de reducir al menos 100 diputados plurinominales y 32 senadores de la llamada “representación proporcional”. Es decir, de pasar de 500 a 400 el número de diputados y de 128 a 96 la cantidad de senadores. Con el argumento de que se busca ahorrar recursos y garantizar que al Congreso lleguen aquellos que realmente ganaron una elección, la iniciativa priista ha tenido eco en otros grupos.
Las propuestas han sido criticadas, en parte, por organizaciones como Movimiento Ciudadano y Morena. Los primeros indicaron que ahora mismo hay una competencia para ver quién es más solidario y que se están retomando estas iniciativas “para congraciarse con una sociedad irritada por el gasolinazo“. Por otro lado, miembros del partido liderado por Andrés Manuel López Obrador aseguraron que no tienen inconveniente con reducir el Congreso siempre y cuando se presente la iniciativa inmediatamente, no sea una “cortina de humo” por parte del PRI, que en el recorte se incluya a la burocracia de los tres niveles de Gobierno y se repartan equitativamente los recursos.
De acuerdo con Consulta Mitofsky, la confianza en nuestros legisladores es pírrica, a tal grado que los ciudadanos confiamos más en otras instituciones desgastadas como la policía o los sindicatos. La imagen del diputado dormido en su curul, trabajando de manera ineficiente y llenándose los bolsillos a raudales está presente en nuestro inconsciente colectivo. El politólogo José Luis Antón afirma en la revista Forbes que, aunque la idea de disminuir las plazas de nuestros legisladores pueda sonar muy atractiva, justa y urgente, no se resolverían los problemas de origen: “el Congreso no será más eficiente ni será menos costoso”.
¿Cuál es el riesgo de reducir el número de legisladores plurinominales?
Primero, hay que definir qué es un plurinominal y cuál es su función. Los pluris, también llamados legisladores de representación proporcional, nacieron como un contrapeso contra la mayoría del PRI en el Congreso de la Unión. En 1993 se determinó que un partido que obtuviera 60% o más de la votación, no podía contar con más de 300 diputados. “Permiten dar representación a los partidos que son expresiones minoritarias” para que en el Congreso se refleje la pluralidad de ideas, afirma Salvador Ramírez Agorte, colaborador de Milenio.
Aunque usualmente se tenga la idea de que nadie vota por ellos, cada voto por un partido de nuestra preferencia es un voto para ellos (atrás de la boleta se puede leer la lista de los candidatos de cada organización). De acuerdo con José Luis Antón, el problema de reducir el número de plurinominales radica en que, con esta medida, se facilitaría el camino para que un partido político lograra una mayoría artificial. Esta decisión, asegura el politólogo, implicaría “abrir la brecha entre el número de votos obtenidos por un partido político y la representación en curules que finalmente logra en el Congreso”.