Por Diego Castañeda
La crisis en Venezuela se ha vuelto un tema de discusión en los últimos días y con ello se han disparado algunas conversaciones sobre si se debe o no involucrar la comunidad internacional en solucionar este tipo de problemas. En ese denate existe un número limitado de medidas que se pueden tomar: intervenciones militares, mediaciones y sanciones económicas son las principales medidas que suelen ocuparse; estas últimas tienen una muy larga historia, y ya que algunos países como Estados Unidos proponen emplearlas inicialmente, y que éstas se han usado mucho en casos recientes (como las negociaciones con Corea del Norte y con Irán y con Rusia tras el conflicto en Crimea), es un buen momento para preguntarnos si sirven de algo las sanciones económicas para resolver conflictos.
Para responder esta pregunta la herramienta más útil es la historia. Las sanciones económicas son tan antiguas como el comercio, desde que las naciones comercian han existido bloqueos, embargos y demás medidas punitivas de ese tipo. Quizá la más conocida sanción económica en el mundo antiguo fueron los decretos de Megara que imponían un embargo a todo el comercio de la ciudad-estado griega de Megara, miembro de la liga espartana, con Atenas. El resultado de esta “innovación” de Pericles fue de acuerdo a Tucídides una de las causas que terminó detonando las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta.
Dejando el mundo antiguo y moviéndonos más a nuestros tiempos, el siglo XX y el XXI están llenos de ejemplos de sanciones económicas de distintas clases. Tenemos, por ejemplo, el embargo de Estados Unidos impuesto en 1960 para tratar de terminar con el régimen revolucionario. ¿Y cuál fue el resultado? Falló.
Moviéndonos más a futuro, a la década de los años noventa, tenemos ejemplos de sanciones económicas para intentar resolver los conflictos en Yugoslavia, Somalia, Ruanda y muchos otros países. ¿Estas sanciones funcionaron en prevenir masacres? No.
Si nos movemos al presente y observamos los últimos casos de sanciones contra Corea del Norte, Irán o Rusia de igual forma veremos que en sus objetivos —acabar con sus programas nucleares, forzar negociaciones o recuperar la integridad territorial de Ucrania— todas fallaron.
Dado que es bastante evidente desde una perspectiva histórica que las sanciones económicas no son la herramienta más eficaz para arreglar problemas, quizá una mejor pregunta sería “¿por qué las sanciones económicas suelen fallar?”
En general aquellos que se dedican a estudiar estos problemas encuentran que la principal razón del fallo de estas medidas es que suelen terminar cohesionando a la población en contra de los países que los sancionan; es decir, alimentan el nacionalismo en estos países y el sentimiento de rechazo al que identifican como un agresor exterior. La razón es simple, las sanciones aunque busquen perjudicar sólo al gobierno suelen tener efectos colaterales en la población. En este sentido, las sanciones económicas bien se podrían describir como contraproducentes: si lo que se busca es fomentar un cambio de conducta, o en un caso más extremo de régimen, lejos de lograrlo, suelen fortalecer el apoyo a los gobiernos sancionados.
Otra causa muy mencionada en la literatura es que las sanciones pueden provocar mayor brutalidad en los gobiernos sancionados; en general, porque los menores recursos se relacionan de forma más agresiva.
En respuesta al pésimo historial de estas sanciones algunos países, notablemente Alemania y Suecia, introdujeron la idea de “sanciones inteligentes” que no apuntan a toda la economía de un país sino a sectores específicos, como las industrias armamentistas o energéticas. No obstante, la eficiencia de estas medidas depende de que todo el mundo esté de acuerdo en implementarlas y en un mundo tan complejo como el nuestro y en el que los países persiguen intereses geopolíticos distintos, esta buena idea tampoco tiene muchos resultados en la práctica.
Estas medidas más bien se han vuelto simbólicas, como una expresión de condena que en el fondo tiene pocas posibilidades de funcionar, por ejemplo, las sanciones que impiden a funcionarios del gobierno sancionado volar al país que pone la sanción o que congelan activos financieros. Estas sanciones en realidad sólo producen molestias, pero no incentivan el cambio.
Entonces, a luz de la evidencia, ¿por qué los países siguen tomando estas medidas? Quizá la respuesta más obvia es porque es de las pocas cosas que se pueden hacer si no se piensa deseable una intervención militar. Aunque tengamos un sistema de justicia internacional y montones de tratados, la ley internacional es muy difícil de aplicar, su poder es más simbólico que práctico, requiere que los Estados cooperen y si éstos no quieren cooperar su eficacia es limitada.
Cuando en situaciones como la que se vive hoy en Venezuela ocurren, debemos ser más cuidadosos en pensar si ciertas medidas son o no deseables, si sirven o no de algo y cuáles son los efectos secundarios. Aunque parece que se hace algo importante, la mayoría de las veces este tipo de medidas son contraproducentes y de entre las opciones restantes, las ideas de conflictos militares o diálogos, todos deberíamos preferir lo segundo.
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Diego Castañeda es economista por la University of London.
Twitter: @diegocastaneda