Hace un año el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció en una entrevista con el periódico Pulso y el portal SinEmbargo algunos de los errores que ha cometido el Ejército al ingresar a la llamada “guerra contra el narcotráfico”. El titular de la Sedena indicó que las Fuerzas Armadas habían cometido un error al apartar a las distintas corporaciones policiacas y, así, quedarse totalmente con una responsabilidad que no les tocaba. En la misma charla, Cienfuegos Zepeda dejó en claro que no se sentía a gusto con las funciones que estaba desempeñando el Ejército en las calles.

“El Ejército no está destinado para las labores que hoy hace. Ninguno de los que tenemos responsabilidad en mandos en la institución nos preparamos para hacer funciones de policía. No lo hacemos, no lo pedimos, no nos sentimos a gusto, no estamos cómodos con la función, hoy lo reitero, pero también digo que estamos conscientes que si no lo hacemos nosotros, no hay quién lo haga en este momento”, declaró el general Cienfuegos el 16 de marzo de 2016. El mando militar volvió a levantar la voz en diciembre de ese año asegurando que los soldados no estudiaron para perseguir delincuentes, que su función se estaba “desnaturalizando” y que el sería el primero en levantar “no una, sino las dos manos” para regresar a los cuarteles a “hacer nuestras tareas constitucionales”.

El titular de la Sedena fue, incluso, más allá y declaró que los alarmantes niveles de inseguridad y violencia en el país no se “pueden resolver a balazos”. Cienfuegos Zepeda dijo que el escenario ideal sería que la policía tuviera un plazo para empezar a “cumplir con su deber” para que elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Marina pudieran regresar a los cuarteles. Ante ese incumplimiento, ese 8 de diciembre, el secretario de la Defensa Nacional pidió que los legisladores les brindarán un marco legal que regulara sus actividades. “¿Qué queremos? Que las Fuerzas Armadas tengan un marco que los respalde cuando tengan que actuar, que no seamos señalados por cuestiones que son propias de las operaciones que realizamos”.

General Salvador Cienfuegos, Ley de Seguridad Interior
Foto: Notimex

La respuesta de los legisladores: Ley de Seguridad Interior

“Nuestros soldados ya la están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos”, declaró el secretario de la Defensa Nacional. En los meses posteriores a su pronunciamiento sobre la necesidad de un marco que normara las acciones del Ejército fuera de los cuarteles, el general Cienfuegos declaró que su presencia en las calles no sólo es un mandato del presidente Enrique Peña Nieto, sino que también es una petición de la sociedad.

“No nos vamos a retirar. No sé de dónde salió la idea. La gente es la que no quiere que nos vayamos; no es nada más la orden del presidente de la República, es la propia sociedad la que nos está exigiendo que no nos vayamos. Ahí vamos a estar mientras la sociedad lo pida y el presidente no ordene lo contrario”, declaró el mando militar el pasado 9 de marzo.

Los miembros del Congreso de la Unión contestaron las declaraciones del general Cienfuegos prontamente. Los legisladores priistas César Camacho y Martha Tamayo, el panista Roberto Gil Zuarth y el perredista Miguel Barbosa, presentaron diversas iniciativas en materia de seguridad interior. Las propuestas de Ley de Seguridad Interior o #LeyGolpista tienen puntos en común: buscan legitimar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública —las cuales le corresponden a las autoridades civiles— y que en su redacción se infiere la debilitación de los contrapesos que significan el Poder Legislativo y Judicial a la hora de vigilar y controlar la ejecución de sus tareas.

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Foto: Getty Images

Los problemas de la Ley de Seguridad Interior

Las iniciativas propuestas presentan varios problemas: en caso de que la propuesta se votara a favor, se facilitaría el uso arbitrario de la fuerza, sin que se pueda exigir rendición de cuentas o se pueda realizar una investigación al respecto. Al ir acompañada de una lógica de Seguridad Nacional, las acciones de los militares no serían transparentadas ni sujetas al escrutinio público, ya que no tienen la obligación de rendir cuentas, indica la investigadora de la división de estudios jurídicos del CIDE, Catalina Pérez Correa. Además, de acuerdo con los especialistas, la nueva ley sería anticonstitucional, toda vez que los legisladores no está facultados para meter su cuchara en asuntos de seguridad anterior.

El defensor de derechos humanos Jesús Robles Maloof enumeró los problemas que tiene en su origen la Ley de Seguridad Interior:

1.- La Constitución Mexicana señala que las instituciones de seguridad pública tienen que ser de carácter civil (artículo 21).

2.- En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (artículo 129).

3.- Como en la Constitución no existe una definición de seguridad interior diferenciada de la seguridad nacional, el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar al respecto.

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Foto: René de Jesús/ Notimex

¿Y qué nos queda ahora?

#SeguridadSinGuerra es una iniciativa formada por diferentes organizaciones, académicos y activistas que buscan impedir la aprobación de dicha propuesta. El colectivo busca invitar a miembros de la sociedad civil a inconformarse con la #LeyGolpista y compartirle a los miembros del Congreso de la Unión lo que opinamos de dicha ley (pueden enviarle un correo a los 500 legisladores que conforman la Cámara de Diputados en este enlace).

Los integrantes de #SeguridadSinGuerra proponen que las autoridades civiles sean capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia en el país, que se regule a las Fuerzas Armadas, aunque la ley de seguridad interior propuesta no es la vía adecuada, y hacen hincapié en la necesidad de diseñar un plan de regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, además de un programa de profesionalización de la Policía.

Los diputados a favor de esta iniciativa han dejado claro que aprobarán la Ley de Seguridad Interior antes del 30 de abril. Tenemos hasta entonces para tratar de echarla atrás.

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